Según ha comunicado la Agencia, tras tener conocimiento de varias iniciativas públicas que generalizan “la utilización del certificado de vacunación“, ha decidido analizar si esta medida respeta el derecho fundamental de la ciudadanía a la protección de sus datos personales. La normativa europea recoge que la información relativa a la salud de los ciudadanos son datos especialmente sensibles, por lo que su tratamiento requiere mayores exigencias.

“Las autoridades europeas de protección de datos hemos expresado nuestra preocupación por la utilización de certificados dentro de los Estados para finalidades tales como el acceso a tiendas, restaurantes o gimnasios, así como su uso en otros contextos como el laboral”, ha indicado la AEPD en la nota de prensa.

También ha afirmado que se debe contar con una base legal apropiada y ajustada a los principios de “eficacia, necesidad y proporcionalidad” y teniendo en cuenta la existencia de otras medidas de protección menos invasivas.

Protección de Datos, además, ha incidido en que exigir este documento puede resultar “discriminatorio“, ya que la vacunación no es obligatoria en España y existen colectivos que, debido a razones médicas, no pueden recibir la vacuna. Además, el hecho de que el proceso de vacunación se rija por criterio es de priorización implica que parte de la población aún no haya podido recibir alguna o todas las dosis necesarias.

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