La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado hoy una actualización de su ‘Guía para la notificación de brechas de datos personales’, un documento que tiene como objetivo guiar a los responsables de los tratamientos de datos personales en su obligación de notificarlas a las autoridades de protección de datos y comunicárselo a las personas cuyos datos se hayan visto afectados. Esta guía actualiza la versión publicada en 2018, cuando comenzó a aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), e incluye la experiencia recogida en este tiempo, tanto a nivel nacional como en relación con los criterios establecidos por el Comité Europeo de Protección de Datos.

El principal propósito de esta actualización es facilitar el cumplimiento de forma eficaz y eficiente de los objetivos últimos de la notificación de brechas de datos personales: la protección efectiva de los derechos y libertades de las personas, la creación de un entorno más resiliente basado en el conocimiento de las vulnerabilidades de la organización y la garantía de una seguridad jurídica al disponer los responsables de un medio para demostrar diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

Cualquier organización se encuentra expuesta a sufrir una brecha de datos personales que pueda repercutir en los derechos y libertades de las personas, y está obligada a gestionarla de forma adecuada. Este incidente puede tener un origen accidental o intencionado y, generalmente, ocasiona la destrucción, pérdida, alteración, comunicación o el acceso no autorizado a datos personales. La Guía comienza analizando qué es una brecha de datos personales y qué no lo es en el contexto del marco normativo europeo, nacional y sectorial. A continuación analiza cuándo hay que notificar dicha brecha a la autoridad de control, en qué plazo, o quién y qué contenido debe incluir esa notificación. En lo relativo a la comunicación a las personas afectadas, el documento recoge en qué casos hay que realizarla, el contenido y sus plazos.

Las notificaciones y comunicaciones relativas a brechas que afectan a datos personales forman parte de la responsabilidad proactiva establecida en el RGPD, y el hecho de notificarla o comunicarla no implica necesariamente la imposición de una sanción. De hecho, hacerlo en tiempo y forma es una evidencia de la diligencia de la organización, mientras que no cumplir con esa obligación sí está tipificado como infracción.

La Guía ofrece directrices para facilitar y simplificar el cumplimiento de estas obligaciones y, entre otros puntos, orienta sobre algunos plazos que el RGPD deja abiertos, como la notificación de una brecha de datos personales a la autoridad de control de forma gradual, los plazos para comunicarla a las personas cuyos datos se han visto afectados o los relativos a que los encargados de tratamiento informen a los responsables cuando se produce una brecha.

La Agencia ha gestionado más de 700 brechas de datos notificadas en los primeros cinco meses de 2021. La mayoría de ellas se han producido por un ataque externo e intencionado siendo el ransomware la amenaza más frecuente, comprometiendo no solo la disponibilidad sino también la confidencialidad de los datos personales.

Comunicación a los afectados

Como complemento a la presente Guía, la Agencia dispone de una herramienta llamada ‘Comunica-Brecha RGPD’, que ofrece ayuda a las organizaciones para decidir si deben comunicar o no una brecha de datos a las personas afectadas, una obligación independiente a la de notificar dicha brecha a la autoridad de control.

Este recurso se basa en un breve formulario en el que se recaban detalles que permiten aplicar unos criterios básicos indicativos del riesgo asociado a la brecha. Al completar el formulario, y en función de la información que haya sido facilitada, la herramienta aconsejará tres posibles escenarios: que se debe notificar la brecha de seguridad a las personas afectadas al apreciarse un riesgo alto; que no es necesaria dicha comunicación, o que no se puede determinar el nivel de riesgo. La decisión final debe tomarla el responsable en función de los aspectos específicos del tratamiento y de la brecha concreta. En ningún caso la Agencia almacena los datos consignados durante el proceso.

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Facebook sigue estando en el punto de mira. Se ha hablado en los últimos meses acerca de la privacidad y los cambios en las políticas de uso por parte de las compañía y las maneras que tenemos de proteger nuestra intimidad y nuestros datos. Son muchas las compañías que utilizan funciones disponibles en sus aplicaciones para recabar datos e información de sus usuarios que almacenan y en algunas ocasiones comparten con terceros.

Generalmente las empresas piden nuestro consentimiento para recabar nuestros datos con el fin de mejorar la experiencia en sus productos, pero hay ocasiones en las que no es así y hacen uso de estos de una manera poco apropiada. Ante la posibilidad que esto pueda suceder, podemos llevar a cabo una serie ajustes en la configuración de éstas, aunque esto suponga evitar el uso de algunas de sus funcionalidades.

Para evitar estos problemas te vamos a indicar una serie de consejos que te recomendamos seguir para no tener estos problemas en un futuro.

1.- Desactiva el reconocimiento facial

Comenzaremos por desactivar en Facebook el reconocimiento facial. Esta tecnología hace tiempo que está disponible en la red social, con ella se consigue una imagen virtual de nuestro rostro que se usará para reconocernos en fotos y vídeos ajenos, por lo que automáticamente somos identificados en los contenidos audiovisuales que cualquiera de nuestros amigos pública.

2.- Activa la autenticación en dos pasos

La autenticación en dos pasos es una función de seguridad que, junto a la contraseña, ayuda a proteger tu cuenta de Facebook. Si configuras esta función, se te pedirá que ingreses un código de inicio de sesión especial o que confirmes el intento de inicio de sesión cada vez que alguien intente acceder a Facebook desde un navegador o un celular que no reconozcamos

3.- Cambia y protege la contraseña

Todo el mundo debería cambiar sus contraseñas periódicamente. Es algo engorroso pero aporta mucha seguridad a cualquier página o perfil de Facebook. Nunca uses la misma contraseña para dos plataformas diferentes.

4.- Protege tu información y datos bancarios

No divulgues nunca información sobre tus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito u otro tipo de información financiera en Facebook.

5.- Ajustes básicos de privacidad de Facebook

Si usas Facebook pero quieres que tu perfil sea lo más privado posible, existen varias opciones de privacidad dentro de la plataforma que te permiten controlar bastante el nivel de información que expones al público y, aunque usar Facebook jamás podrá ser del todo “privado” porque básicamente viven de tu información, al menos puedes limitar lo que terceros encuentran sobre ti gracias a ellos.

Fuente: Pablo Gómez Gómez de Ramón

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dictó, el pasado 4 de mayo de 2021, su resolución en el procedimiento PS / 00236/2020 en la que impuso dos multas por importe de 1,5 millones de euros a EDP ENERGÍA, SAU por el tratamiento de datos personales sin consentimiento del interesado.

Se añade así una nueva sanción millonaria por parte de la Agencia en materia de protección de datos en nuestro país. Desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) el 25 de mayo de 2018, la AEPD ha dictado más de 650 procedimientos sancionadores basándose en dicha normativa, y sólo en el primer semestre de este año suma ya más de 20 millones de euros en multas (encabezando el ranking la sonada sanción a Vodafone por valor de 8 millones de euros).

En el presente caso, la AEPD da inicio al procedimiento tras recibir una reclamación contra la compañía eléctrica, por haberse efectuado en nombre de la afectada la contratación de sus servicios sin su consentimiento, contratación realizada supuestamente por un representante, sin que dicha entidad pueda acreditar la existencia de tal representación. Además de esta, la Agencia había recibido ya varias reclamaciones de índole muy parecida.

Tras recabar la documentación precisa y estudiar el procedimiento de actuación de la empresa, la Agencia declara:

En primer lugar que no se habían adoptado medidas para comprobar la existencia de autorización para contratar o para prestar consentimiento en nombre del representado, lo cual incumple las obligaciones del artículo 25 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de establecer las medidas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento a fin de cumplir los requisitos del Reglamento y proteger los derechos de los interesados. Además, la Agencia estima que concurren diferentes hechos con calidad de agravantes: la naturaleza, gravedad y duración de la infracción; la intencionalidad o negligencia apreciada en la comisión de la infracción; el carácter continuado de la infracción; La alta vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos personales; la condición de gran empresa de la entidad responsable y su volumen de negocio; y el elevado volumen de datos y tratamientos que constituye el objeto del expediente

Esta infracción se encuentra tipificada en el artículo 83.4.a) RGPD y calificada como grave a efectos de prescripción en el artículo 73.d) de la LOPDGDD. Por este hecho la Agencia impone a la compañía una multa por importe de 500.000 euros.

Como segunda parte de la resolución, la Agencia considera que la empresa ha cometido también una infracción del principio de transparencia recogido en el artículo 13 del Reglamento, por no proporcionar información suficiente a los interesados ​​al obtener sus datos para la contratación de los servicios. Esta acción cuenta con los mismos hechos agravantes mencionados anteriormente y sumándose el elevado número de interesados, ya que la infracción afecta a todos los clientes personas físicas de la entidad.

Este incumplimiento está tipificado en el artículo 83.5.b) RGPD y calificado como leve a efectos de prescripción en el artículo 74.a) de la LOPDGDD. Tras el análisis del presente caso, la Agencia impone por esta falta una multa por importe de 1.000.000 euros.

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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado hoy su Memoria 2020, que recoge de forma exhaustiva las actividades realizadas por esta institución, las cifras de gestión, las tendencias destacadas, las decisiones y procedimientos más relevantes del año, y un análisis de los retos presentes y futuros. La actividad de organismo en 2020 ha estado marcada por el trabajo realizado para garantizar las medidas de asistencia sanitaria, el control de la pandemia y el derecho fundamental a la protección de datos, así como por la adopción de decisiones de carácter organizativo para mantener el nivel de actividad en las circunstancias que ha exigido la COVID-19, de forma que no pudiera resentirse el sistema de garantías para los ciudadanos establecido en la normativa de protección de datos personales.

Durante el año 2020 se ha producido la consolidación del Canal Prioritario, cuyo objetivo es la atención urgente en caso de difusión ilegítima en Internet de contenidos sensibles. La intervención de la Agencia ha logrado, en unos plazos muy reducidos, la retirada de fotografías y vídeos de contenido sexual o violento difundidos a través de internet sin consentimiento de los afectados, muchas veces pertenecientes a colectivos vulnerables. En 2020 se han recibido 358 peticiones a través del Canal Prioritario, de las cuales 174 han entrado a través del canal de menores. Tras su análisis se han tramitado como urgentes 49 de estas peticiones por encontrarse dentro de los objetivos perseguidos por este Canal. Este número se ha triplicado respecto a 2019, año en el que se tramitaron 14 peticiones urgentes. De las 49, se han solicitado 29 retiradas urgentes de los contenidos a proveedores de servicios, consiguiendo la retirada en más de un 86% de los casos. En los 20 casos restantes, que no requerían la retirada de contenidos, también se les ha dado un tratamiento prioritario.

La Agencia ha seguido respondiendo al reto de asumir los efectos que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) tiene para el desarrollo de las políticas de protección de datos. Estos se han manifestado tanto en un aumento significativo del trabajo de la AEPD en el Comité Europeo de Protección de Datos como en el número de procedimientos transfronterizos. La Memoria subraya cómo, en la actualidad, es imposible separar nítidamente la actividad interna de la actividad europea, ambas vinculadas a la aplicación de una norma única. En 2020 se han presentado ante la Agencia 10.324 reclamaciones, una cifra que asciende a las 11.215 incluyendo los casos transfronterizos, los casos en los que la Agencia actúa por iniciativa propia y las quiebras de seguridad trasladadas a inspección. En 2020 la tasa de reclamaciones resueltas frente a reclamaciones recibidas ha aumentado un 5% respecto al año anterior, una cifra destacable teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria. Por otro lado, los tiempos medios de resolución y el desarrollo de proyectos de concienciación se han mantenido respecto a 2019, demostrando que la ampliación del teletrabajo ya existente en la Agencia no ha mermado la capacidad de trabajo del organismo.

Las reclamaciones planteadas con mayor frecuencia por los ciudadanos en 2020 hacen referencia a servicios de internet (16%), inserción indebida en ficheros de morosidad (15%), videovigilancia (12%), recepción de publicidad (excepto spam) (7%) y reclamación de deudas (6%). Dentro del ámbito de las reclamaciones, es importante hacer una referencia a los traslados, un trámite promovido por la LOPDGDD que tiene como objetivo facilitar la resolución rápida de las mismas con independencia de la actividad inspectora que pueda llevar a cabo la Agencia. En 2020, se resolvió el 77% de las reclamaciones después de haber procedido al traslado. Así, se han resuelto 2.157 reclamaciones como consecuencia de haberse obtenido, tras el traslado, una respuesta satisfactoria del responsable o del encargado del tratamiento.

En 2020 la Agencia ha dictado 393 resoluciones sancionadoras (un 16% más que el año anterior), aunque de ellas sólo se impuso una sanción económica en 172. Las áreas más frecuentes en los procedimientos sancionadores son videovigilancia (24%), servicios de internet (19%), Administraciones Públicas (10%) y telecomunicaciones (7%). Por su parte, los sectores más sancionados con multa son las entidades financieras/acreedoras (5.045.000 euros) y las telecomunicaciones (1.009.000 euros). Ambos aglutinan el 76% del importe global de sanciones, que en 2020 ascendió a 8.018.800 euros, un incremento en cuantía del 27% respecto a 2019, año en el que el importe de las multas había descendido un 52% respecto a 2018.

Por otro lado, es destacable la cifra de procedimientos de cooperación en los que se ha solicitado la participación de la Agencia por parte de otras autoridades europeas de protección de datos. Con carácter general han aumentado un 15% (1.210 casos) respecto a 2019. Los proyectos de decisión en los que otra autoridad de protección de datos europea ha solicitado la participación de la Agencia han aumentado un 114% y las peticiones de asistencia un 123%. Así, entre otros asuntos, se tramitaron con el procedimiento de cooperación previsto para los tratamientos transfronterizos el caso de una quiebra de seguridad que afectó a la red social Twitter, en el que la Agencia actuó como autoridad interesada, y las quiebras de seguridad de las empresas de Reino Unido Marriot Hotels y Ticketmaster. También merece destacar el primer procedimiento sancionador de ámbito transfronterizo que se ha resuelto siendo autoridad líder la AEPD respecto de los tratamientos realizados por la empresa Miraclia. Hay que indicar que estos procedimientos tienen un tratamiento complejo y una duración mayor que la de los procedimientos nacionales.

En lo referente a las sentencias de la Audiencia Nacional recaídas en los recursos interpuestos contra resoluciones de la Agencia, de las 77 sentencias dictadas en 2020, 56 (un 73%) fueron desestimatorias o inadmitidas. Por su parte, el Tribunal Supremo ha dictado 18 sentencias, con un porcentaje favorable a la Agencia de un 95%.

En cuanto a las notificaciones de quiebras de seguridad realizadas ante la Agencia, estas son inicialmente recibidas por la División de Innovación Tecnológica (DIT), que realiza un primer análisis. La DIT ha recibido y analizado 1.370 notificaciones de quiebras de seguridad en 2020, de las que sólo el 6% (81) se han remitido a Inspección al requerir de una investigación en profundidad. En este sentido, hay que destacar el lanzamiento en 2020 de la herramienta Comunica_Brecha para ayudar a aquellos que tratan datos en la decisión de comunicar la quiebra de seguridad a las personas afectadas.

En lo relativo a las cifras de delegados de protección de datos (DPD) notificados ante la Agencia, 2020 se cerró con 65.040 DPD (57.657 del sector privado y 7.383 del sector público). Por lo que respecta a los servicios de ayuda que presta la Agencia para la adaptación al Reglamento, se han recibido casi 2.900 consultas a través del canal INFORMA_RGPD, que en noviembre de 2020 se transformó en el Canal DPD para dar respuesta a las consultas que plantean los Delegados de Protección de Datos previamente notificados a la Agencia, potenciando la figura creada por el RGPD. La Agencia pone de manifiesto en su Memoria el escaso número de DPD en la Administración Local, donde sólo 3.334 diputaciones, ayuntamientos, así como entidades locales y organismos asociados han comunicado su DPD. Aun suponiendo un incremento de un 25% con respecto a la misma fecha del año anterior, esta cifra sigue estando lejos del total de responsables que componen la administración local en España y que deben contar con un DPD.

Por último, se han planteado casi 1.400 cuestiones ante el Canal Joven de la Agencia. Las consultas planteadas con mayor frecuencia han estado relacionadas con los tratamientos de datos personales de los alumnos para el ejercicio de la función educativa, asociadas en gran medida a la situación originada por la pandemia. Así, al tener que desarrollar la función educativa en un nuevo escenario, los centros docentes han utilizado aplicaciones en ocasiones nuevas para ellos, lo que ha llevado a plantear numerosas consultas, tanto de familias como de docentes y equipos directivos. Con este escenario, la Agencia publicó unas preguntas frecuentes sobre la realización de clases y exámenes online utilizando herramientas de videollamada o plataformas educativas y su implicación con relación a la protección de datos tanto de alumnos como de profesores. Por otra parte, la AEPD publicó un documento con el contacto de los DPD de las Consejerías de Educación de las CCAA, para facilitar que los interesados puedan plantear al DPD consultas concretas sobre herramientas educativas o protocolos.

Plan de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
La Memoria recoge un balance de las acciones realizadas durante 2020 dentro de su Plan de Responsabilidad Social y Sostenibilidad 2019-2024, un proyecto pionero en la Administración Pública española que incluye más de 100 iniciativas alineadas con los ODS de la Agenda 2030. En este sentido, la AEPD ya ha cumplido el 65% de las acciones previstas para los cinco años. Dentro de los compromisos sociales adoptados destaca el apartado de la promoción de la igualdad de género para combatir la violencia en internet (Canal prioritario) y las acciones llevadas a cabo por la Agencia en el campo de la educación y los menores. En cuanto al compromiso interno con la igualdad para lograr una mayor representación de las mujeres en los niveles más altos de la AEPD destaca que se ha pasado del 31% en 2019 al 38% en 2020.

Por otro lado, en el plano interno hay que subrayar el programa de teletrabajo de la Agencia, una iniciativa que arrancó en 2017 para potenciar la conciliación y la retención de talento y que durante 2020 ha resultado crucial para afrontar la crisis sanitaria, permitiendo que el 100% de la plantilla de la AEPD pudiera estar plenamente operativa trabajando en remoto con idénticas ratios de productividad y eficacia.

En los trabajos desarrollados en 2020 también merece una mención especial el Pacto Digital para la Protección de las Personas, una iniciativa cuya preparación se desarrolló a lo largo del año y con la que se pretende promover la privacidad como un activo que las organizaciones deben tener en cuenta a la hora de diseñar sus políticas y sus estrategias. El Plan, presentado en enero de 2021 con la adhesión de 40 de las principales organizaciones empresariales, fundaciones, asociaciones de medios y grupos audiovisuales, cuenta actualmente con casi 200 organizaciones adscritas.

Torrevieja se convierte en una ciudad pionera en España en cuanto a vigilancia en tiempo y forma de sus comercios y establecimientos hosteleros.

Hace unos días se puso en funcionamiento el PREVECOM en Torrevieja. La idea es estar conectados de manera rápida entre comerciantes, hosteleros, policía Local y Guardia Civil, para alertarse entre ellos de aquellas personas que le gusta lo ajeno.

¿Cómo funciona PREVECOM?

Los comerciantes y hosteleros que sufren cualquiera de estas circunstancias, remiten a la Policía Local y Guardia Civil imágenes o fotos, localizando estos, instantáneamente donde se producen los hechos, eso permite una reacción más rápida, además los establecimientos conectados al sistema, reciben las descripciones y están prevenidos ante la presencia de alguno de estos individuos.

Las imágenes o fotos solo se pueden enviar a Policía y Guardia Civil, atendiendo a la normativa vigente de la ley de protección de datos.

Los establecimientos que quieran formalizar la participación, deben complementar un formulario al que podrán acceder en la oficina de la Concejalía de Comercio, en el Mercado de Abastos, en Calle Isabel II.

El consistorio de Yecla deberá pagar una sanción por mostrar parte de un informe médico del reclamante

La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto un expediente de sanción contra el Ayuntamiento de Yecla (PP) por publicar los datos personales de uno de sus vecinos en la página web municipal. El demandante consideraba que la publicación de parte de su expediente médico en el portal público, entre otros muchos datos, vulneraba sus derechos a la privacidad. Finalmente la AEPD le ha dado la razón tras dos años de litigio.

Los hechos se remontan a diciembre de 2019, cuando el perjudicado denunció ante la agencia que la Junta de Gobierno Local había publicado sus datos personales, incumpliéndose los preceptos legales aplicables sobre el tratamiento y custodia de los datos personales en distintos ficheros. El demandante ejerció entonces su derecho de oposición a la publicación de sus datos personales en la web de la Junta de Gobierno Local. Meses después, aporta aún más documentación, con la que argumentó que el Ayuntamiento había publicado parte de un informe médico con sus datos personales, tanto en el tablón de anuncios de la página web del consistorio como en el portal de transparencia.

Durante el verano de 2020, el Ayuntamiento de Yecla trató de defenderse al justificar que los datos ya habían sido eliminados de la web pública. “Como puede comprobarse en la página web municipal, desde el pasado 29 de julio de 2020, los datos personales de D. A.A.A. ya no constan en ninguna de las actas de la Junta de Gobierno publicadas en el portal de transparencia municipal”.

A principios de 2021, la AEPD realizó la propuesta de sanción, aún sin ser definitiva. El Ayuntamiento aseguró que habían tratado de atender el requerimiento de la agencia. “Se cometieron algunos errores en el borrado de enlaces, permaneciendo activos los que habían quedado archivados en el servidor de la página web municipal, cosa de la que no se era consciente hasta que el Sr. Instructor del procedimiento sancionador ha remitido el expediente al Ayuntamiento, y se han podido conocer los enlaces que el interesado citaba en sus escritos de 30 de agosto y 5 de septiembre de 2020”, explicaron desde el consistorio. La justificación no fue suficiente para la Agencia, que finalmente ha ratificado el procedimiento contra el consistorio gobernado por Marcos Ortuño desde 2011.

Fuente: El Confidencial

La sanción es de 15 millones de euros, a la que se suman 89.000 euros diarios hasta que el Gobierno español se adapte a la directiva comunitaria

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha condenado este jueves a España a pagar 15 millones de euros por no haber transpuesto la directiva sobre protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales, ni haber comunicado las medidas de transposición. La Directiva de Protección de Datos Personales es una ley europea que se remitió por escrito, pero España no ha cumplido.

Además, España también tendrá que pagar una multa coercitiva de 89.000 euros por cada día de retraso que se prolongue el incumplimiento desde el 25 de febrero.

La Carta de Derechos Fundamentales de la UE establece que los ciudadanos de la Unión tienen derecho a que se protejan sus datos personales. Más del 90% de los europeos quieren tener el mismo derecho a la protección de sus datos en toda la UE, con independencia del lugar donde se realice su tratamiento. El Reglamento de la UE fortalece los derechos fundamentales de las personas en la era digital y facilita la actividad económica, además de la existencia de una norma única, que pone fin a la fragmentación en distintos sistemas nacionales y a las cargas administrativas innecesarias.

La normativa comunitaria entró en vigor el 24 de mayo de 2016 y se aplica desde el 25 de mayo de 2018. Meses después, las autoridades españolas no habían informado sobre la transposición de la directiva, por lo que Bruselas abrió un procedimiento de infracción.

En marzo de 2019, España indicó que el procedimiento estaba en curso y debía finalizarse en marzo de 2020. Pero en ese momento, se indicó un retraso debido “al contexto político particular”. Sin Embargo, todavía no tiene la directiva europea transpuesta al marco nacional, por lo que el Tribunal de Justicia Europea de la UE ha decidido actuar.

Protección de datos en la UE

La directiva de la UE defiende la protección del tratamiento de datos personales por parte de las autoridades para fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos.

También, protege el derecho fundamental de los ciudadanos a la protección de sus datos cuando los utilicen las autoridades policiales y judiciales a efectos de aplicación de la ley. Por último, garantiza que se protejan adecuadamente los datos personales de víctimas, testigos y sospechosos de delitos, además de facilitar la cooperación transfronteriza en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

Fuente: Mirada 21

Los niños deben aprender a manejarse de manera adecuada con Internet, una práctica que también incluye el tema del manejo de datos. Cuanto antes se les haga tomar conciencia de esto, mucho mejor.

La iniciativa “Schau hin” (Fíjate bien) advierte que los menores frecuentemente no son capaces de evaluar los datos personales que exponen en Internet y que, por ello, no saben qué consecuencias puede acarrear este descuido.

La iniciativa recomienda a los padres explicar el tema de la protección de datos de forma adecuada con ejemplos ilustrativos, por ejemplo, como si se tratase de un juego de detectives en el que los espías se dedican a robar y vender datos.

“Schau hin” añade que la comparación con un espacio de anuncios publicitarios en el que nadie colgaría sus fotos o cartas privadas también puede ser de utilidad.

CREAR JUNTOS LOS PERFILES

Antes de la instalación y la utilización de aplicaciones u ofertas web, los padres deben mirar con detenimiento las condiciones generales del contrato y las normas de protección de datos y activar, desde un inicio, posibles barreras para la protección de la esfera privada.

Los expertos puntualizan que la descarga, el registro y la instalación de cuentas son precisamente un asunto que concierne a los padres en el caso de los hijos que están dando sus primeros pasos como internautas.

Al crear juntos los perfiles, se recomienda facilitar la menor cantidad posible de información privada, por ejemplo, en el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico.

Al mismo tiempo, deben establecerse reglas claras y vinculantes para una navegación segura, un aspecto en el que también debe considerarse la elección de contraseñas seguras.

Una contraseña adecuada debe estar compuesta por letras mayúsculas y minúsculas, cifras y caracteres especiales e incluir al menos ocho caracteres. Una frase pegadiza o una regla mnemotécnica pueden ayudar a recordar una contraseña.

Fuente: Infobae

La Consellería de Participación y Transparencia ha iniciado la elaboración de un decreto para mejorar la regulación de los datos personales y garantizar la privacidad de los mismos en el ámbito de la Generalitat y su sector público, una adaptación normativa que viene impuesta por la Unión Europea desde abril de 2016, año en el que el Parlamento Europeo aprobó un nuevo marco jurídico obligatorio sobre protección de datos y que obliga a todas las administraciones, incluidas las autonómicas.

El reto al que se enfrenta el Consell y, en particular el departamento de Transparencia, es enorme ya que la Generalitat maneja cientos de miles de datos personales. Se estima que en manos de las conselleries hay medio millar de ficheros que contienen datos de carácter personal, información sensible que incluye también toda la relacionada con el sector de educación (alumnado de todos los niveles educativos) y sanitario (historias clínicas, datos sobre pruebas PCR, etc.).

La normativa europea de 2016 y, dos años después, la ley orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales conlleva una serie de obligaciones para la Generalitat en todo lo relativo a los derechos que tiene la ciudadanía respecto al tratamiento de sus datos, incluido el derecho a su acceso, rectificación o supresión.

El Botànic no parte de cero en este terreno, pero su normativa se ha quedado desfasada. De hecho, el decreto que establece la organización de la seguridad de la información de las conselleries y sus entes públicos se remontan a nueve años atrás, en concreto a 2012, por lo que es necesario un cambio profundo, una nueva política general de protección de datos para cumplir las exigencias. En 2018, el Consell asignó estas competencias a la Consellería de Transparencia y ese año se cumplió con una de las demandas claves, la creación de una Delegación de Protección de Datos, una suerte de oficina con personal funcionario especializado que se encarga de velar por los derechos digitales y que asesora al resto de departamentos y entidades públicas.

El objetivo ahora es aprobar esa nueva política general y una estructura administrativa y asignación de funciones que permita gestionar adecuadamente la privacidad de los datos.

Proteger derechos fundamentales

Fuentes de la Consellería de Participación y Transparencia admiten la importancia de esta nueva regulación para proteger derechos fundamentales en un momento en que los datos personales se han convertido en el oscuro objeto de deseo de muchas empresas y cuando podría hablarse una nueva economía basada precisamente en el manejo de esta información personal.

Uno de los objetivos es establecer protocolos claros y uniformes en todas las conselleries a la hora de afrontar las reclamaciones de las personas interesadas. Los derechos son muy amplios, aunque ciertamente aún desconocidos por la gran mayoría ya que cualquier persona que haya cedido sus datos personales puede reclamar acceder a ellos, rectificarlos, suprimirlos, limitar su uso e incluso exigir ciertas condiciones respecto a su portabilidad. Incluso a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.

Fuente: Levante