Las reclamaciones presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) durante 2018 se incrementaron un 32,8% hasta alcanzar las 14.146. En cuanto a la temática de las mismas, corresponden a inserción indebida en ficheros de morosidad, videovigilancia , servicios de Internet, reclamación de deudas, Administración Pública, sanidad , publicidad , comercios, transporte y hostelería, entidades financieras y publicidad a través de e-mail o teléfono móvil.
Respecto a los plazos de resolución, la mitad de las reclamaciones admitidas en la Agencia se resuelven en una media de 100 días, sin tener que esperar los más de 200 días de media del modelo anterior. Además hay que tener en cuenta que el traslado de la reclamación al responsable o DPD no conlleva necesariamente que no se vayan a realizar actuaciones inspectoras a posteriori, ya que la Agencia tiene potestad para investigar los mecanismos establecidos por la empresa.
En 2018 se han dictado 907 resoluciones sancionadoras (434 con sanción económica, 96 con resolución de infracción a Administraciones Públicas y 377 apercibimientos). En lo referente a la temática de los procedimientos sancionadores, destacan, por este orden: Contratación fraudulenta, inserción indebida en ficheros de morosidad, videovigilancia, spam (LSSI), publicidad (excepto spam), servicios de Internet, reclamación de deudas, telecomunicaciones, Administración Pública y sanidad.
En el caso de las dos principales (morosidad y contratación fraudulenta), representan, respectivamente, 3.770.803 euros (29%) y 4.979.200 euros (38%) sobre el total del volumen de sanciones (12.824.454 euros). Con respecto al año anterior, crecen las reclamaciones por contratación fraudulenta y descienden levemente las de morosidad.
Las consultas más usuales a la AEPD son las relativas a la obligatoriedad de nombrar un DPD (Delegado de Protección de Datos), cuestiones sobre videovigilancia o la utilización de la huella y datos biométricos como medidas de control de acceso y horario del trabajo.
En cualquier caso, y analizando estos datos se desprende el hecho de que tras la vorágine inicial provocada por la aplicación del reglamento y sus muchas novedades; y el celo de las empresas en dar cumplimiento ante el temor de sanciones, parece que ha habido cierta relajación en los últimos meses, lo cual podría ser el motivo de este aumento de las denuncias.
Fuente: Economist&Jurist
