El número de notificaciones de quiebras de seguridad en las empresas se triplicó a lo largo del pasado año.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de publicar su Memoria 2019, la primera Memoria que recoge un año completo desde la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En ella se identifica, entre otros asuntos, que la autoridad española recibió el año pasado 1.459 notificaciones de quiebras de seguridad, una cifra que supone casi triplicar las que recibió el año anterior (547).
Además, el informe apunta que se han presentado ante la AEPD 11.590 reclamaciones, volviendo así al incremento anual que solía producirse antes de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que marcó un crecimiento extraordinario y puntual de un 33% respecto a 2017. Las quejas planteadas con mayor frecuencia por los ciudadanos en 2019 hacen referencia a servicios de Internet (13%), vídeovigilancia (12%), inserción indebida en ficheros de morosidad (12%) y reclamación de deudas y publicidad (excepto spam) (9%).
En 2019, la Agencia de Protección de Datos dictó 338 resoluciones sancionadoras y las multas impuestas por mayor importe correspondieron, por áreas, a los directorios (2,9 millones de euros); telecomunicaciones (641.000 euros); la contratación fraudulenta (620.620 euros) y las quiebras de seguridad (460.000 euros). Los resultados de la Memoria 2019 indican además que se redujo en un 29% los tiempos medios en los que se resolvieron los procedimientos sancionadores y un 22% los tiempos de actuaciones de investigación.
El RGPD también ha provocado que, en el ejercicio de 2019, se notificara la inscripción de 50.326 delegados de protección de datos (DPD) -44.069 del sector privado y 6.257 del sector público-, una figura esencial para las empresas creada por el RGPD.
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