Cuando tienen lugar robos o daños en las zonas comunes o los garajes sin que se sepa quien ha sido el autor de los hechos, algunas comunidades de vecinos se plantean si pueden instalar cámaras de seguridad para evitar que vuelva a suceder. Pero desde la perspectiva de la privacidad, hay propietarios que pueden oponerse porque vulnera su derecho a la intimidad.

Ante estos intereses contrapuestos, hemos de decir que instalar cámaras de vigilancia en una comunidad de vecinos es posible y perfectamente legal, pero hay que tener en cuenta una serie de requisitos que se deben cumplir.

Vamos a ver cuáles son esos requisitos.

1. Contar con el apoyo necesario en junta de vecinos

El primer requisito y el más importante, es contar con el apoyo necesario de conformidad con el artículo 17.3 la Ley de Propiedad Horizontal, por lo que es posible la instalación o la supresión de servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, siempre que se haya obtenido el quórum necesario, el cual, es de tres quintas partes del total de los propietarios que a su vez representen 3/5 partes de las cuotas de participación o que es lo mismo el 60%.

“Para poner cámaras de seguridad necesitaremos el apoyo de al menos el 60% de los vecinos“

2. Poner placa distintiva que avise de su presencia

El segundo de los requisitos, es poner una placa distintiva que avise de la presencia de cámaras de videovigilancia en la comunidad de vecinos. Esto no es más que un cartel informativo donde se avisa que se accede a una zona de videovigilancia donde se indique quien ha sido la persona que ha instalado la cámara y los datos de ante quién además de a qué lugar podemos dirigirnos para ejercer los derechos recogidos en la normativa de protección de datos, por lo que es muy importante de cumplir con el deber de informar así como dar de alta el fichero de videovigilancia en el AEPD.

Invalida este acuerdo de protección de datos personales entre la UE y Estados Unidos por el temor a injerencias en los derechos fundamentales de las personas cuyos datos se transfieren a ese país

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) invalidó este jueves el acuerdo de protección de datos personales entre la UE y Estados Unidos por el temor a injerencias en los derechos fundamentales de las personas cuyos datos se transfieren a ese país.

En una respuesta a una cuestión prejudicial, la corte con sede en Luxemburgo invalidó el llamado “escudo de protección” de datos entre la UE y Estados Unidos, pues considera que “la primacía de las exigencias relativas a la seguridad nacional, el interés público y el cumplimiento de la ley estadounidense” posibilitan dichas injerencias.

El llamado “escudo de protección” es un mecanismo, según el cual, los datos provenientes de la UE y tratados en Estados Unidos tienen que estar sometidos a un alto nivel de protección, es decir, que la empresa en cuestión los procese con un robusto sistema de normas y salvaguardias en materia de protección de datos.

Esto implica que la empresa esté dada de alta en ese sistema en el Departamento de Comercio de Estados Unidos y respete ciertos compromisos, como informar del derecho al dueño de los datos si pretende transferirlos a terceras partes y los motivos o la obligación de no utilizar nunca los datos con un fin distinto al original, entre otras cláusulas.

Según el Tribunal de Justicia, las limitaciones de la protección de datos personales de la normativa interna de EEUU sobre el acceso y la utilización de estos por las autoridades estadounidenses “no están reguladas conforme a exigencias sustancialmente equivalentes a las requeridas (…) en la medida en que los programas de vigilancia basados en la mencionada normativa no se limitan a lo estrictamente necesario”.

Entre otros puntos, el Tribunal de Justicia añade que, si bien la normativa “establece exigencias que las autoridades estadounidenses deben respetar al aplicar los programas de vigilancia de que se trata, no confiere a los interesados derechos exigibles a las autoridades estadounidenses ante los tribunales”.

En cambio, el TJUE respaldó el sistema general de privacidad de datos europeos con terceros países a través del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) pues entiende que debe interpretarse en el sentido de que las personas cuyos datos personales se transfieren a un país tercero deben gozar de un nivel de protección sustancialmente equivalente al garantizado dentro de la Unión.

La evaluación debe de tener en cuenta tanto las condiciones contractuales de la firma en cuestión como el acceso de las autoridades públicas a esos datos, en función de la situación legal general en el país en el que está radicada la empresa, agrega la corte.

La decisión del tribunal, con jurisdicción en el conjunto de la Unión Europea, es una respuesta al Tribunal Supremo irlandés que parte de la denuncia de un activista por la privacidad de los datos de la red social estadounidense Facebook interpuesta en Irlanda por el nacional austríaco Max Schrems.

La multinacional de Mark Zuckerberg tiene en Irlanda su sede europea (Facebook Irlanda) y desde allí se transfieren los datos de la empresa hasta Estados Unidos. Schrems solicitó a las autoridades irlandesas que prohibieran ese flujo de sus datos personales, al considerar que la normativa estadounidense no ofrecía suficiente protección ante el acceso a estos de las autoridades de ese país.

Fuente: EFE

Este miércoles, 15 de julio, se inicia una campaña, en las playas de Torrevieja, para incentivar el comercio local

Contará con cinco carpas de información en las cuatro principales playas de Torrevieja: dos en la playa de La Mata, una en la playa de los Locos, El Cura, y Los Náufragos.

La concejal de Comercio del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez Chazarra, junto al coordinador de la Concejalía, José Rubio, y el presidente de Apymeco, Jorge Almarcha, han presentado en la plaza de la Constitución la campaña de incentivación e información comercial y turística se pone en marcha mañana miércoles, 15 de julio, en las cuatro principales playas de Torrevieja.

Data Protect Plus ha querido apoyar al comercio torrevejense y ha estado en la presentación porque es muy importante impulsar la actividad comercial en nuestra ciudad.

Rosario Martínez ha informado que el objetivo de esta campaña es ayudar al comercio local, tras el parón por el Estado de Alarma provocado por el COVID-19, mostrando a los visitantes de la ciudad que el comercio torrevejense, además de ser un comercio seguro, es un comercio de proximidad y cercanía, donde cada cliente es único y especial.

La campaña consiste en cinco puntos de información ubicados en las cuatro playas de mayor relevancia de Torrevieja, dos puntos de información en la playa de La Mata (un punto junto a la Plaza del Embarcadero y otro punto frente al Restaurante Vela Beach), y un punto en la playa de Los Locos, El Cura y Los Náufragos.

Estos puntos de información son carpas con las señas de identidad del Ayuntamiento, en los que dos informadores proporcionarán a los usuarios toda la información sobre Torrevieja a nivel comercial, hostelero, turístico, deportivo y cultural, además de información en tiempo real de las playas y de su ocupación. En lo referente al punto de la playa del Cura, éste se encontrará ubicado en el stand de Turismo que se encuentra en dicha playa, y que contará con el mismo personal y material informativo que el resto de puntos.

Complementario a la campaña física, se llevará a cabo un plan de Social Media a través de los perfiles sociales de la Concejalía de Comercio, proporcionando no solo información comercial, sino también actividades deportivas y culturales que interese al público general. La imagen turística de la ciudad también se ha visto mejorada con la renovación de vinilos en los principales mupis de la ciudad.

Por último, cabe destacar que Apymeco pondrá en marcha un concurso fotográfico  consistente en realizar instantáneas en las diferentes carpas informativas y que repartirá 1.000 euros en premios (10 premios de 100 euros cada uno). Las bases se publicaran en la web oficial de Apymeco apymeco.info y en las redes sociales.

La AEPD ya avisó a la cadena de supermercados de sus “reservas” sobre la conformidad con la normativa de protección de datos de este mecanismo

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya manifestó a Mercadona “diversas reservas” sobre la conformidad con la normativa de protección de datos de su sistema de reconocimiento facial y, ante las informaciones publicadas sobre su puesta en marcha, ha decidido iniciar una investigación de oficio. Así lo han señalado a Efe fuentes de la Agencia, que han confirmado que la investigación de oficio a Mercadona se abrió este lunes.

Según estas fuentes, Mercadona facilitó en el último trimestre de 2019 a la Agencia una información inicial sobre una iniciativa de reconocimiento facial en sus establecimientos y “ya entonces la AEPD puso de manifiesto diversas reservas sobre la conformidad del mismo con la normativa de protección de datos”.

Ante las informaciones aparecidas en medios de comunicación respecto al lanzamiento del proyecto, la AEPD ha decidido iniciar una investigación de oficio. El procedimiento, según las mismas fuentes, se encuentra en fase de actuaciones previas de investigación.

El pasado 1 de julio, Mercadona informó de que había puesto en marcha un sistema de detección anticipada, que funciona a través del reconocimiento de rasgos físicos y que detecta única y exclusivamente a las personas con sentencia firme y medida cautelar de orden de alejamiento del establecimiento o de alguno de sus trabajadores dictadas por un juzgado.

La compañía señaló de que ha implementado este sistema, que no guarda ninguna información, en constante contacto con la autoridades correspondientes para garantizar la total protección y todas sus garantías legales.

El sistema se encuentra activo en unas 40 tiendas de Mallorca, Zaragoza y Valencia, debidamente identificadas con la cartelería informativa disponible en los accesos a las tiendas.

En primer lugar, debemos tener claro que nadie puede tomar una foto nuestra, aunque estemos en un lugar público, y difundirla. Cualquier imagen de un tercero tomada sin permiso podría considerarse como una intromisión ilegítima en su intimidad.

Así que no olvides que si quieres utilizar una foto en la que aparece otra persona, deberá darte permiso primero. No podemos publicar ninguna fotografía sin el consentimiento del titular.

El derecho a la propia imagen, como derecho fundamental, afecta a cualquier persona física.

El artículo 18 de la Constitución Española garantiza el derecho a la propia imagen como un derecho fundamental, desarrollándose su contenido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Esta ley establece que este derecho será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, entre las que se encuentran “la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos” (artículo 7. 5).

Este derecho posee una faceta positiva, consistente en la facultad de difundir cada uno su propia imagen, y una negativa que permite requerir la autorización para la reproducción de su imagen o incluso impedirla.

Dicho con otras palabras, para cada uno de nosotros, nuestra propia imagen es un derecho personal y fundamental, que se vulnera si se nos fotografía  o graba sin nuestro consentimiento y se publica o divulga esa imagen.

Ahora bien, este derecho no es absoluto, existen excepciones en las que sí nos pueden tomar y difundir, fotografías:

• Con carácter general:
  • Las que se realizan en actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley.
  • Aquellas en las que se existe un interés histórico, científico o cultural relevante.
• En particular:
  • Imágenes de cargos públicos o profesionales notables en actos o lugares abiertos al público.
  • Las caricaturas de estas personas conforme al uso social.
  • Cuando forme parte de la información sobre una noticia y la imagen de la persona sea accesoria.

En el nuevo Reglamento de Protección de Datos se considera la imagen y la voz como un dato de carácter personal y sujeto, por tanto, a protección. Para poder tratar cualquier dato personal se exige un consentimiento expreso por parte de su titular, por lo que, para tratar (publicar) las fotografías o vídeos de una persona, necesitamos su consentimiento.

Actualmente, está muy de moda realizar vídeos y fotografías a los clientes de nuestras empresas, con la finalidad de mostrar lo satisfechos que están con nosotros, entre otros aspectos.

Pero debes saber que hay que solicitarle el consentimiento expreso al titular de la fotografía y, en caso de denuncia, tienes que poder demostrar que otorgó ese consentimiento.

Os dejamos con un modelo de autorización para que utilices con tus clientes MODELO

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto ciertas prácticas en el ámbito de la contratación laboral que consisten en solicitar a los candidatos a un puesto de trabajo información de si han pasado la COVID-19 y desarrollado anticuerpos como requisito para acceder al puesto de trabajo ofertado.

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto ciertas prácticas en el ámbito de la contratación laboral que consisten en solicitar a los candidatos a un puesto de trabajo información de si han pasado la COVID-19 y desarrollado anticuerpos como requisito para acceder al puesto de trabajo ofertado.

La Agencia Española de Protección de Datos considera necesario advertir que estas prácticas constituyen una vulneración de la normativa de protección de datos aplicable.

La información de haber padecido el coronavirus y desarrollado anticuerpos de esta enfermedad es un dato personal relativo a la salud, que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) califica de categoría especial en su artículo 9, por lo que su recogida y utilización por la posible empresa empleadora está sujeta a la normativa de protección de datos, fundamentalmente el citado RGPD y la Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD), que resultan plenamente aplicables.

El RGPD requiere para el tratamiento de datos personales la existencia en todo caso de una base jurídica de las previstas en su artículo 6.1, y cuando se traten categorías especiales de datos personales, como son los datos relativos a la salud, es necesaria también la concurrencia de una de las excepciones previstas en el artículo 9.2 del RGPD que permiten levantar la prohibición de su tratamiento.

Entre las bases jurídicas que en principio podrían fundamentar dicho tratamiento por la empresa empleadora estarían el consentimiento del interesado, conforme al artículo 6.1.a) del RGPD, o la prevista en su artículo 6.1.b), relativa al tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que la persona candidata es parte o para la aplicación a petición de esta de medidas precontractuales. Sin embargo, ni una ni otra base serían aplicables en el presente caso.

Consentimiento libre

Para que el consentimiento sea válido debe consistir en una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. El RGPD ha dejado bien claro que el consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando no se goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno (considerando 42), o cuando exista un desequilibro claro entre las partes (considerando 43), como sucedería en el presente caso, en el que el consentimiento estaría condicionado por la necesidad o la voluntad de acceder a un puesto de trabajo, lo que anularía la libertad de la persona.

En ese sentido, el Comité Europeo de Protección de Datos ha ratificado las “Directrices sobre el consentimiento en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679”, adoptadas el 28 de noviembre de 2017 por el Grupo de Trabajo del Artículo 29 y revisadas por última vez el 10 de abril de 2018 (WP259), que consideran que en el contexto del empleo se produce un desequilibrio de poder dada la dependencia que resulta de la relación entre las partes, y no es probable que la persona candidata pueda negar a la empresa el consentimiento para el tratamiento de datos sin experimentar temor o riesgo real de que su negativa produzca efectos perjudiciales; y, por tanto, considera problemático que la empresa realice el tratamiento de datos personales de empleados y empleadas actuales o futuros sobre la base del consentimiento, ya que no es probable que éste se otorgue libremente.

En consecuencia, no sería lícito un tratamiento de datos de salud como el expuesto por parte de la empresa basándose en el consentimiento de la persona candidata, por no ser este un consentimiento libre.

Del mismo modo, tampoco podría considerarse aplicable la base jurídica del artículo 6.1.b) del RGPD (ejecución de un contrato), por cuanto la solicitud de dicho dato de salud no sería necesaria para la ejecución o formalización del contrato de trabajo y, por lo tanto, dicho tratamiento sería excesivo y contravendría el principio de minimización de datos fijado en el artículo 5.1.c) del RGPD, en relación con lo que se dispone en el artículo 7.4.

Desde el punto de vista de las excepciones que levantarían la prohibición de tratar estos datos sensibles, el consentimiento, que para funcionar como excepción debiera ser, además, explícito, no sería válido, por las mismas razones que se han indicado al analizarlo como base jurídica.

Cabría analizar si alguna otra de las excepciones previstas en el artículo 9.2 del RGPD, podría ser aplicable. En concreto cuando el tratamiento es necesario para atender a las obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable o del interesado en el ámbito del derecho laboral, de acuerdo con lo previsto por el derecho de la Unión o de los Estados Miembros.

En este contexto, solicitar información sobre el estado de inmunidad frente a la COVID-19 iría más allá de las obligaciones y derechos específicos que impone a la empresa la legislación de Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en particular del deber de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

En primer lugar, porque la persona interesada aún no es empleada y la empresa no tiene por tanto obligaciones o derechos específicos frente a ella. En segundo lugar, porque la información sobre una posible inmunidad frente a la enfermedad no contribuye significativamente a la protección del resto del personal o de la propia persona, en la medida en que los protocolos de prevención de riesgos adoptados por las autoridades sanitarias y laborales se aplican por igual a todo el personal, orientándose por lo que se refiere a la presencia de infección a los casos sospechosos. Estos protocolos no establecen excepción alguna para personas que ya hayan padecido la enfermedad. Finalmente, porque la misma consideración habría de atribuirse a la COVID-19 que a cualquier otro tipo de enfermedad que pudiera conllevar un riesgo de infección, sin que se plantee esta cuestión en la actualidad sobre otras enfermedades que pudieran resultar de declaración obligatoria a las autoridades sanitarias conforme al Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica.

Finalidad del tratamiento

Además de no existir base jurídica lícita para su tratamiento, la finalidad del tratamiento tampoco sería legítima.

Todo tratamiento de datos debe cumplir con los principios establecidos en el artículo 5 del RGPD, en particular ser tratados de manera lícita y que su recogida obedezca a finalidades legítimas. La solicitud de información sobre la inmunidad a la COVID-19, como requisito para acceder a un puesto de trabajo, daría lugar a una diferencia de trato que no obedece a una justificación objetiva y razonable.

Situación que el RGPD tiene en cuenta, pues parte de que hay que proteger los derechos fundamentales y la dignidad de las personas en los tratamientos que se produzcan en el ámbito laboral, en particular, a efectos de contratación de personal, pudiendo los Estados miembros establecer disposiciones más específicas que las previstas para los tratamientos de datos personales con carácter general “para preservar la dignidad humana de los interesados así como sus intereses legítimos y sus derechos fundamentales, prestando especial atención a la transparencia del tratamiento…” (artículo 88 y considerando 155 del RGPD).

En definitiva, dicho dato de salud no puede ser objeto de tratamiento por la empresa ni, en consecuencia, solicitado a los candidatos a un empleo.

Inclusión del dato en el currículum

En relación con el acceso al empleo, también se ha observado la práctica de reflejar en los currículums de quienes buscan un empleo, que envían a empresas, información de ser inmune a la COVID-19 por haber generado anticuerpos frente a dicha enfermedad.

Por las razones ya expuestas, no se debe incluir la información de ser inmune a la COVID-19 en un currículum. El potencial destinatario del mismo no puede utilizar esa información que por lo demás requeriría de una verificación que, como se ha señalado, sería ilícita, por lo que la empresa deberá proceder a suprimirla para no infringir la normativa de protección de datos, lo que podría llegar a implicar la destrucción del currículum cuando no fuera posible asegurar que el dato de la inmunidad no va a influir en la decisión que finalmente se adopte, y la eliminación del candidato del proceso selectivo.

La difusión de datos de salud, al estar considerados éstos como una categoría especial de datos personales, cuyo tratamiento implica la exigencia de garantías reforzadas, supone un riesgo para la privacidad y los derechos y libertades de los interesados. El RGPD, en su considerando 75, recoge que los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas, de gravedad y probabilidad variables, pueden deberse entre otros al tratamiento de datos relativos a la salud, como sería un tratamiento de los datos sobre la inmunidad frente a la COVID-19.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sienta un precedente en la utilización de datos personales para publicidad por parte de empresas.El principal organismo estatal independiente, creado para proteger la privacidad de los ciudadanos, ha desestimado una reclamación presentada por un consumidor contra Ryanair por el envío de mensajes comerciales.

Así lo ha hecho tras considerar que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) permite dirigir publicidad a un usuario que haya contratado productos parecidos a los promocionados.

En dicha protesta el reclamante exponía que una vez comprados los billetes la aerolínea solicitaba activar una casilla de verificación para no recibir publicidad, en vez de venir desactivada por defecto y necesitar verificarla para recibir la información comercial. El mensaje en cuestión decía lo siguiente “Nuestros suscriptores reciben las mejores ofertas de Ryanair y Lauda por correo electrónico, SMS, notificaciones PUSH, teléfono. Si no deseas recibir ofertas, marca esta casilla”.

La dirección de Protección de datos acordó admitir a trámite la reclamación, pero tras consultar el artículo 21 de la LSSI consideró que la empresa podía seguir enviado comunicaciones con fines comerciales a clientes por medios electrónicos siempre que se les facilite un mecanismo para oponerse en el momento de la recogida de datos.

Por ello, concluía que “Ryanair podría enviarle publicidad de sus productos por SMS, correo electrónico o notificación PUSH sin necesidad de solicitar su consentimiento ya que ha realizado la compra de billetes”. Una condición admitida en este caso porque en el momento de comprar los billetes le había dado la posibilidad de rechazar el tratamiento de su información personal.

A este mensaje se le conoce como opt-out, el cual se dejó de usar a raíz de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) por creer que no se ajustaba a la normativa. Sin embargo lo cierto es que sí está permitido dentro de unos límites, aunque lo habitual es que el mensaje se oriente a solicitar el consentimiento para recibir mensajes publicitarios y no al revés, como en este caso.

Fuente: Dircomfidencial

El Supremo avala la sanción a la propietaria de Juasapp por infringir la ley de protección de datos

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 7.500 euros impuesta a la aplicación de bromas telefónicas por encargo Juasapp por infringir la Ley de Protección de Datos de carácter personal, ya que grababa a los receptores de las bromas sin su consentimiento y permitía al amigo descargarse el audio.

En una sentencia dictada por la sala de lo contencioso-administrativo queda así ratificada la multa impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos a la empresa Miraclia Telecomunicaciones, titular de la aplicación, en relación con cuatro bromas realizadas en abril y mayo de 2016.

La aplicación ofrece un listado de archivos de audio y, si se facilita el teléfono de una persona, ésta recibe una llamada con la broma elegida; quien gasta la broma recibe después un enlace con la grabación.

La empresa alegó que la ley excluye de la protección de datos actividades personales o domésticas, como las bromas, pero el Supremo recuerda que quien realiza el tratamiento de datos en este caso no la persona que encarga la broma, sino una empresa que desarrolla una actividad de prestación de servicios como una actividad comercial que le reporta beneficios económicos.

La grabación de voz, según la sentencia, también está protegida por la ley al estar asociada a otros datos, como el número de teléfono, y al permitir la empresa que llegue a terceras personas que puedan identificar al propietario de la misma.

Sólo tras gastar la broma y grabarla se informaba a la persona de que tenía derecho a borrar sus datos del fichero de la empresa., apunta Efe.

Para el Supremo, esa solicitud de autorización “tras escuchar una grabación que, sólo al final, el sujeto comprende que ha sido una broma y que le ha podido hacer gracia, pero también le ha podido originar dudas, sorpresa o alarma, difícilmente puede considerarse un consentimiento que cumpla con los requisitos estipulados en la Ley de Protección de Datos”.

La sanción partió de varias denuncias por bromas que los receptores malinterpretaron o consideraron de mal gusto.

En una de ellas, según se reseña en la sentencia de la Audiencia Nacional que ahora confirma el Supremo, se trató de la broma “Su hijo ha mordido en el cole” y el receptor llegó a pensar que un desconocido se había llevado a su hijo. También fueron objeto de denuncias bromas en las que se acusaba a la persona de “robar la luz a Endesa” o se le ofrecía un servicio de asesoría jurídica tras una multa de tráfico.

Los ataques a las empresas se han incrementado desde el crecimiento del comercio “online” y el desarrollo de las nuevas tecnologías y, frente a la creencia de que los ataques cibernéticos solo se centran en grandes empresas con grandes bases de datos, la realidad lo desmiente ya que los ciberdelincuentes se aprovechan de la vulnerabilidad de las pequeñas y medianas empresas que no disponen de las medidas de protección adecuadas.

Esta realidad hace que las empresas deban adaptarse a las nuevas circunstancias y protegerse de tales riesgos mediante la contratación de una póliza de ciberseguridad que te ayudará a guardar tus espaldas ante un posible ataque de los piratas informáticos. Una solución que te ahorrará más de un disgusto. En 2019, el 67% de las empresas había sufrido ciberataques, un dato importante que nos indica la importancia de la contratación de estas pólizas.

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Borrado de la información pública en Internet que afecte reputacionalmente a la marca/empresa, tanto de los buscadores como de las redes sociales y prensa escrita.

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Restablecimiento de los accesos digitales en caso de que robo de password, bloqueo de aplicaciones de empresa, cuentas en redes sociales, blogs…

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Se intentará dejar el equipo dañado, en el estado previo a dicho ataque, siempre que disponga de copias de seguridad.

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En el caso de que no disponga de copias de seguridad previas al ataque.

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Data Protect Plus

La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a la compañía tecnológica pese a que ya contaba con un comité de tratamiento de datos en el momento en el que fue denunciada. Se trata de la primera multa a una empresa por este motivo en España.

Glovo acumula una nueva sanción y esta vez nada tiene que ver con los riders. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a la compañía tecnológica con 25.000 euros por no contar con un delegado de protección de datos (DPO).

Con esta resolución, Glovo se lleva el dudoso honor de ser la primera empresa en España que es sancionada por este motivo. “Antes de esta multa, la AEPD apercibió al Ayuntamiento de Valencia por no contar con un delegado de protección de datos”, explica Salvador Silvestre, socio de Ecija.

La resolución está motivada por una denuncia que dos particulares presentaron contra Glovo en julio de 2019. En este momento, la empresa de reparto ya contaba con un comité de protección de datos, que realizaba todas las gestiones encargadas al delegado. Precisamente, esto fue lo que alegó la compañías en el momento en el que se le anunció que estaba siendo investigada.

Sin embargo, la Agencia, al entrar en la web de Glovo vio que efectivamente existía este comité, pero no tenía nombrado a nadie como DPO. “Muchas veces, las compañías, por el tipo de actividad que realizan, no saben bien si deben nombrar a un responsable de este tipo o no”, asegura Silvestre.

En este sentido, a finales de enero de 2020, la compañía sí que nombró a un responsable de protección de datos, pero ya era tarde y el movimiento no evitó la sanción.

En la resolución la AEPD señala que la app realiza un tratamiento de datos personales a gran escala y se encuentran afectados indicadores básicos. Esto último tiene que ver con la geolocalización de los usuarios en la plataforma. Lo que genera más dudas es el criterio que la Agencia sigue para señalar un tratamiento como de gran escala.

“Ni en la resolución ni en el reglamento de protección de datos ni en ninguna norma se establece un número de usuarios por los que sea gran escala. En otros países como en Estonia sí que se marca un límite en 5.000 usuarios para ser considerado como tratamiento masivo, pero en España no”, explica el socio de Ecija sobre uno de los motivos por los que considera que Glovo recurrirá esta sanción.

Otros países

En España es la primera vez que se sanciona a una empresa por no tener designado a un delegado de protección. Sin embargo, en nuestro entorno, países como Bélgica, Austria y Alemania han dictado resoluciones en este sentido. Precisamente, el 1 de diciembre de 2019, la Comisión para la Protección de Datos de Hamburgo impuso la sanción más dura a nivel europeo con una multa de 51.000 euros a Facebook con 51.000 euros por no contar con un DPO.

Previa a la resolución española, la más reciente se había puesto en Bélgica, cuyas autoridades para la protección de datos sancionaron a Proximus con 50.000 euros por el mismo motivo.

La respuesta de Glovo

Glovo, compañía que ha sido objeto de la sanción, recuerda que la resolución no es firme y que cabe recurso de reposición y recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. En este sentido, la entidad afirma que ” va a agotar todas las instancias judiciales para acreditar que actuó en todo momento de acuerdo con lo establecido en la normativa de protección de datos”.

Asimismo, Glovo afirma que sus clientes” siempre han tenido plenas garantías de que sus derechos estaban protegidos, a través primero de un órgano colegiado que era el máximo garante de los derechos de los interesados y del cumplimiento de la normativa de protección de datos, y mediante el posterior nombramiento de un DPO, cuando el número de clientes lo requirió”.

Fuente: Expansión