Desde el pasado 25 de mayo, muchas empresas y administraciones públicas deben contar obligatoriamente, por ley, con un Delegado de Protección de Datos

En mayo entró en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), una normativa europea de obligado cumplimiento en los 28 países de la UE cuyo objetivo es proporcionar a los ciudadanos una respuesta legal al tratamiento que las empresas y administraciones públicas hacen de sus datos personales. Esta ley contiene una serie de requisitos y obligaciones, sanciones incluidas, que afectan a un buen número de corporaciones y negocios. Asimismo, incorpora la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD) o Data Protection Officer (DPO, por sus siglas en inglés).

¿Qué es un DPD?

Es una nueva figura profesional, especialista en derecho de protección de datos, cuya principal labor es garantizar que se cumple la normativa europea en este ámbito. El Delegado de Protección de Datos se ha convertido en uno de los perfiles laborales más demandados. En 2018 se estima que se necesitarán alrededor de 75.000 DPD en toda Europa.

¿En qué consiste su trabajo?

Debe informar, supervisar, divulgar y coordinar la política de protección de datos en la empresa o administración en la que preste sus servicios. Además, debe velar por el cumplimiento de la normativa española y europea sobre el tratamiento de datos personales y asesorar sobre los riesgos que puede comportar un determinado servicio que ofrezca la compañía, lo que se denomina Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales (EIPD). También debe cooperar con las autoridades de control en el caso de que se detecten irregularidades en el tratamiento de los datos.

¿Qué empresas están obligadas a tener un DPD?

Su presencia es obligatoria en las administraciones públicas (excepto los tribunales de justicia), y en cualquier empresa y entidad privada que trate con frecuencia y de manera sistemática datos de carácter personal (empleados, clientes, proveedores…), con independencia de su tamaño o del volumen de datos que maneje.

También deben contar con un Delegado de Protección de Datos aquellas compañías que manejen datos de personas a gran escala sobre temas especialmente sensibles (ideología, salud, cuestiones penales…).

¿Y qué pasa con las pymes?, ¿deben contratar a un DPD?

La ley especifica que las empresas (por norma general, pymes) y otras entidades cuya actividad principal no consista en el tratamiento masivo de datos personales no están obligadas a contar con un DPD. En cualquier caso, los expertos sí creen que es conveniente que estos negocios cuenten con una especie de DPD sectorial.

¿Debe formar el DPD parte de la plantilla?

No necesariamente. puede estar integrado en la plantilla o ser un profesional ajeno que desempeñe sus funciones a través de un contrato de servicios. En todo caso, la empresa debe garantizar siempre su independencia: no puede recibir instrucciones, ni puede ser destituido ni sancionado por lo que respecta al desarrollo de su trabajo.

Si mi empresa está fuera de la UE, ¿me afecta esta norma?

Depende. Si la empresa maneja datos de ciudadanos de la UE deberá someterse al Reglamento General de Protección de Datos, aunque tenga su sede fuera del territorio europeo.

¿Debe la empresa registrar los ficheros de datos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)?

Ahora ya no será necesario, pero lo que sí debe tener la empresa es un Registro de Actividades de Tratamiento. O lo que es lo mismo, documentar qué persona es la responsable de esos datos e inventariarlos.

Si la empresa cuenta con más de 250 trabajadores o trata datos de especial sensibilidad (salud, penales, ideología…), este registro es obligatorio. Si la empresa es más pequeña no hay obligatoriedad, pero sí es recomendable. La AEPD puede solicitar acceder a este registro si lo considera oportuno, por lo que siempre debe estar actualizado.

¿Qué pasa si mi empresa no cuenta todavía con un DPD?

Si la empresa o administración está obligada a tener un Delegado de Protección de Datos y no lo ha incorporado se enfrenta a una multa. El nuevo reglamento incluye importantes sanciones por incumplimiento que pueden alcanzar hasta los 20 millones de euros o hasta el 4% de la facturación anual de las grandes empresas que desobedezcan la norma.

¿Los clientes y el resto de ciudadanos pueden contactar con un DPD si es necesario?

Por supuesto. Todos los interesados o afectados por el tratamiento de sus datos personales pueden dirigirse al Delegado de Protección de Datos, incluidas posibles reclamaciones e indemnizaciones.

Entonces, ¿qué perfil requiere esta nueva figura profesional?

El DPD debe reunir conocimientos especializados en Derecho y tener cierta práctica en materia de protección de datos. Además, es bueno que conozca bien el negocio en el que va a prestar sus servicios; que tenga dotes de mediador o relaciones públicas para poder proponer soluciones satisfactorias entre las dos partes (clientes-empresa, administración pública-administrados) y que entienda aspectos técnicos de cuestiones tecnológicas.

¿Para poder ejercer como Delegado de Protección de Datos certificado es necesario superar algún examen?

Sí, uno de los requisitos es superar una prueba. Para presentarse a ella es necesario justificar una formación mínima reconocida de 180 horas en aquellos contenidos recogidos en el Esquema de Certificación de DPD, que promueve la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Uno de estos cursos semipresenciales es el que ofrece la plataforma Bejob en Madrid, Barcelona y Sevilla. El claustro está compuesto por expertos en derecho digital y ciberseguridad.

¿Qué materias se imparten en este programa de formación?

El curso explica a los alumnos cuáles son los requisitos específicos, las competencias y habilidades que requiere este nuevo perfil profesional. El programa incluye la realización de casos prácticos, el desarrollo de ejercicios y la prueba final de evaluación. El curso está reconocido por AENOR, una de las entidades de certificación acreditadas para expedir los títulos.

Fuente de la información :  https://elpais.com/

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha resuelto que incluir números de teléfono en grupos de WhatsApp sin consentimiento expreso del titular de la línea contraviene la Ley de Protección de Datos (LOPD) después de que un vecino del municipio de Boecillo (Valladolid) denunciara al Ayuntamiento por incluirle en un chat sin permiso.

Según indica la resolución de la AEPD, recogida por Europa Press, el 26 de octubre de 2016 el Consistorio de Boecillo creó desde una línea de móvil de su titularidad un grupo de WhatsApp al que incorporó los números de 255 personas, la mayor parte vecinos de la localidad, para informarles sobre “acciones o actuaciones de interés vecinal”.

Asimismo, la Agencia considera acreditado que entre las 255 líneas se encontraba la del vecino denunciante, y que los números de teléfono de los integrantes del grupo de WhatsApp “eran visibles para todos los demás miembros” del mismo.

Así, el consistorio informó de que los números fueron “facilitados directamente por los titulares de los mismos para contactar directamente” con una responsable del Ayuntamiento y recibir información”, y ha añadido que los contactos han sido referidos a “quejas” sobre limpieza y red viaria, información cultural y deportiva, pago de tributos, etc.

En cambio, el vecino que presentó la denuncio aseguró que se ha comunicado vía telefónica con el Ayuntamiento en dos ocasiones: una, para denunciar que estaban fumigando su vivienda; y otra, por ruidos. Además, agregó que el Consistorio tiene sus datos personales “para cuestiones de solicitud de licencias urbanísticas, tasas e impuestos municipales y denuncias por diversas causas, no estando autorizado a utilizar sus datos personales para ningún otro fin”.

Sin sanción

A juicio de la Agencia Española de Protección de Datos, el Ayuntamiento de Boecillo ha infringido lo dispuesto en los artículos 4.2 y 10 de la LOPD, tipificadas como infracción grave. El artículo 4.2 establece que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”. “No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos”, añade.

En este caso, la Agencia no propone “medidas correctoras concretas” a tomar por el Ayuntamiento de Boecillo “al haber quedado acreditado en el procedimiento que, tan pronto como éste advirtió la situación irregular que se había producido, se adoptaron las medidas necesarias para cerrar el grupo de WhatsApp, constando que el denunciante fue eliminado como integrante del citado grupo a las 11.37 horas del mismo día de creación del grupo”.

No obstante, se recuerda al Ayuntamiento “la exigencia de contar no solo con el consentimiento previo e inequívoco los titulares afectados para incluir sus datos de carácter personal en grupos de WhatsApp, o de cualquier otra aplicación de mensajería instantánea que ofrezca un servicio de comunicación electrónica grupal semejante, sino también de que dicho uso de datos personales responda a las finalidades concretas para las cuales se obtuvieron y fue autorizado su tratamiento por sus titulares”.

Fuente de la información:  https://www.elperiodico.com/

Cómo investigar sobre dolencias que afectan al 7% de la población, pero individualmente a menos de 5 de cada 10.000 personas? ¿Cómo destinarle recursos? Y, sobre todo, ¿qué datos utilizar si son tan escasos? El big data es la respuesta.

La Unión Europea está dando un impulso decidido a la salud digital y a la secuenciación de al menos un millón de genomas, lo que nos permitirá comprender y abordar mejor las enfermedades que tienen una base genética como el cáncer, la diabetes, las cardiovasculares y las raras. El conocimiento de los mapas genéticos, junto con la combinación y análisis de grandes volúmenes de información recogida por distintas fuentes a escala mundial, supondrá un salto cualitativo en el conocimiento de estas enfermedades.

En un futuro nuestro historial médico estará disponible en cualquier centro sanitario al que acudamos, y los datos clínicos obtenidos en exámenes tradicionales podrán combinarse con otros sobre nuestros hábitos y circunstancias para ayudar a definir tratamientos más personalizados y eficaces. Además, la tecnología permitirá —permite ya— sortear barreras físicas y proveer con atención sanitaria a las áreas menos accesibles.

Pero este nuevo panorama plantea otras cuestiones sobre las que debemos reflexionar, decidir y legislar. La primera de ellas, ¿de quién son los datos? Si a un paciente le hacen una radiografía, ¿es esa persona propietaria de los datos que se obtienen o lo es el hospital público, que, pagado con nuestros impuestos, podría hacer uso de ellos y emplearlos en una investigación que redundaría en beneficio de todos?

Los pacientes suelen ser muy generosos con sus datos cuando se trata de ayudar a la investigación clínica, pero ponen por delante, con razón, la protección de su intimidad. Parece indiscutible que el paciente debería dar un consentimiento informado para el uso de sus datos, igual al que se requiere para otros servicios menos sensibles que el de la sanidad. Sin embargo, no está claro cuál es el alcance de ese consentimiento, y la pregunta es si se podrían usar en cualquier tipo de investigación, de cualquier enfermedad, en cualquier circunstancia. Probablemente la respuesta sea no, pero tampoco es razonable que se limite tanto el alcance del consentimiento que haga inviables investigaciones futuras.

Dada la sensibilidad máxima de los datos relativos a la salud, el consentimiento por sí solo no parece suficiente. Es necesario que la intimidad de los pacientes se proteja además con la anonimización de los datos, es decir, la eliminación de cualquier dato que permita identificar a la persona. Parece sencillo. Sin embargo, este proceso plantea un nuevo debate: ¿qué ocurre si en un futuro fuera necesario contactar otra vez con determinados pacientes? ¿Estamos dispuestos a un olvido sin retorno siempre y en todos los casos? Y si no fuera así, ¿quién debe ser el guardián y con qué garantías?

Los datos son el oro de nuestro tiempo, un negocio gigantesco para quien sabe aprovecharlos. Y así como los sistemas públicos de salud recogen la inmensa mayoría de nuestros datos sanitarios, el sector privado quiere acceder a ellos para llevar a cabo investigación clínica. Aunque pueda tratarse de una relación provechosa para ambos, es evidente que solo el sector público pondrá al ciudadano a la cabeza de las prioridades de esa investigación. Es imprescindible que los sistemas públicos sean custodios y garantes de nuestros datos sanitarios en las posibles relaciones público-privadas que puedan darse para la investigación clínica.

Todas estas cuestiones deberían abordarse para el diseño de una auténtica gobernanza de datos sanitarios. Los beneficios que la digitalización aportará al sector sanitario son indiscutibles y no se puede, ni se quiere, obstaculizar la investigación clínica. Pero únicamente si los sistemas públicos protagonizan dicha gobernanza se garantizará tanto el derecho fundamental de acceso a la salud como la equidad en los avances de la investigación. El uso de macrodatos y la revolución que supondrá para los servicios sanitarios, más eficaces, de mejor calidad y completamente personalizados, es también una oportunidad para asegurar la sostenibilidad de los sistemas públicos si se consigue garantizar el retorno de la inversión pública. Los datos pueden servir para curar si están bien dirigidos. Ya contamos con iniciativas de esta naturaleza, como el Proyecto Genoma Médico en Andalucía, que demuestran que estos retos pueden y deben ser dirigidos por el sistema público.

Fuente de la Información: El País

La asociación de pequeños y medianos comerciantes de Torrevieja (APYMECO) y la empresa DATA PROTECT PLUS firman un convenio de colaboración por el que los asociados tendrán precios muy especiales para la adecuación al Nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD).

El pasado 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD). Las dos principales novedades de esta normativa son la capacidad activa de la empresa de demostrar su cumplimiento, y la aplicación de medidas de seguridad adecuadas a los riesgos específicos de cada organización.

El tratamiento de datos personales por parte de la empresa implicará la puesta en marcha de diversas técnicas y organizativas destinadas a garantizar la protección de los derechos y libertades de los propietarios de esos datos

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Hay que destacar que la nueva normativa conlleva una revisión profunda de las actuaciones que se estaban llevando a cabo con la anterior Directiva y Ley Orgánica (LOPD)

Esta nueva normativa ha endurecido fuertemente las sanciones pudiendo llegar, en los casos más graves, hasta 20 millones de euros o al 4% de la facturación global de la organización (se optará por la más elevada de las dos).

Los cambios son tan importantes que la Asociación ha llegado a un acuerdo de colaboración con la empresa DATA PROTECT PLUS para facilitar a sus asociados el proceso de adecuación y descuentos personalizados por pertenecer a APYMECO..

La firma contó con la presencia del presidente y secretario de APYMECO .David Sánchez y Tomas viuda respectivamente e Ignacio Montoya García y Jorge García como representantes de la empresa DATA PROTECT PLUS.

Para más información sobre el acuerdo y las condiciones ventajosas que ofrece en exclusiva para los asociados, contactar al 96 670 59 09 o apymeco@gmail.com