CÁMARA EN COMUNIDAD – MULTA DE 1000 EUROS

Instalación de Cámaras de Seguridad: Una Lección Costosa para una Comunidad de Vecinos

Una comunidad de vecinos que buscaba aumentar la seguridad de su entorno mediante la instalación de cámaras de vigilancia ha recibido una multa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Este incidente sirve como un recordatorio crítico de la necesidad de seguir las normativas de protección de datos al implementar medidas de seguridad.

La Importancia de Cumplir con la Ley de Protección de Datos

La AEPD ha impuesto una sanción de 1.000 euros a la comunidad por no cumplir con las directrices establecidas para la instalación de sistemas de videovigilancia. La ley estipula que las grabaciones deben limitarse al ámbito privado, prohibiendo que las cámaras enfoquen hacia la vía pública o zonas comunes.

Definición de Espacio Público y Privacidad

El espacio público, según la AEPD, incluye calles, plazas y caminos, lugares por donde el público transita libremente. La agencia enfatiza que el propósito de las cámaras de seguridad debe ser proteger la propiedad y sus habitantes sin invadir la privacidad de terceros.

Notificación y Consentimiento: Claves en la Videovigilancia

Es esencial informar a los transeúntes sobre el tratamiento de datos personales mediante carteles de zona videovigilada. Estos avisos deben contener información clara sobre cómo los individuos pueden ejercer sus derechos respecto al tratamiento de sus datos.

Acceso Restringido a las Grabaciones

La multa también se debe al acceso no autorizado a las grabaciones por parte de personal no designado. Aunque la comunidad proporcionó detalles sobre la ubicación de las cámaras y la señalización correspondiente, la AEPD determinó que se violaron los artículos 5.1 y 13 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Consecuencias y Medidas Correctivas

La comunidad debe ahora reorientar las cámaras para cumplir con la normativa y actualizar la señalización. La multa puede reducirse a 800 euros si se opta por un pago voluntario y se concluye el procedimiento sancionador de manera adecuada.

Este caso subraya la relevancia de una instalación adecuada de sistemas de videovigilancia y el respeto a la privacidad y protección de datos personales. Es un llamado de atención para todas las comunidades que consideren implementar medidas de seguridad similares.

Encuentra más detalles sobre este tema en nuestro blog, bajo el tema ‘comunidades’.

CEO Data Protect Plus

Sylvia Fries

¿Es obligatorio cumplir la ley de protección de datos en comunidades de propietarios?

La respuesta es SI. Y aquí entra la problemática de las multas en las comunidades que se pueden evitar, simplemente evitando el incorrecto tratamiento de datos personales.

Las comunidades de propietarios deben cumplir con la Ley de Protección de Datos, debido al tratamiento de datos personales de los propietarios, inquilinos, copropietarios, empleados de empresas de servicios y otros proveedores.

¿Quién trata datos en una comunidad de propietarios?

Esta es la principal cuestión para la protección de datos en una comunidad de propietarios. Existen diferentes figuras que se responsabilizan, gestionan o tienen acceso a datos personales de los copropietarios, empleados y proveedores de las Comunidades de Propietarios.

En las Comunidades de Propietarios se reciben, modifican y almacenan datos de carácter personal de diversos colectivos: empleados, proveedores, copropietarios, o personas que acceden al edificio (en caso de videovigilancia).

Por lo tanto, para una correcta gestión de datos en comunidades de propietarios es esencial saber quiénes son los responsables del tratamiento, quiénes los encargados y qué obligaciones tendrá cada uno de ellos.

Entonces distinguimos entre la figura del administrador de fincas y la comunidad de vecinos, que se convierte en ENCARGADO DE TRATAMIENTO. Y la comunidad de vecinos en RESPONSABLE DE TRATAMIENTO (representado por el Presidente / la Presidenta)

El Administrador de Fincas y la comunidad

Es muy común que las comunidades de propietarios contraten los servicios de un administrador de fincas (bien la figura colegiada o bien una gestoría), para que se encargue de diferentes tareas relacionadas con la administración y gestión de la comunidad (gestión de recibos y pagos de la comunidad, la contratación de personal, etc.).

Normalmente, esas tareas implican que el administrado de la finca tenga acceso a los datos personales de los propietarios, inquilinos o copropietarios, convirtiéndose así en ENCARGADO DE TRATAMIENTO a quien la comunidad de propietarios encarga a través de contrato el tratamiento de esos datos con una finalidad determinada.

Ese contrato de encargo de tratamiento, para cumplir con la ley de protección de datos en comunidades de vecinos, debe estar firmado por responsable y encargado y contener la siguiente información:

– El encargado de tratamiento solo tratará los datos personales de acuerdo a las instrucciones dadas en el contrato.

– No se cederán datos a terceros sin el consentimiento expreso del responsable.

– Establecer las medidas de seguridad.

– El destino de los datos una vez finalizado el servicio contratado.

– En caso de usar los datos para otras finalidades, se incumpla el contrato o se comuniquen a terceros, el encargado de tratamiento será sancionado y considerado como responsable.

La RGPD en comunidades de propietarios también establece que, en caso de que el encargado de tratamiento realice subcontrataciones, se requiere autorización del responsable de tratamiento. Y la comunidad, como responsable, puede autorizar la subcontratación de servicios, siempre cuando la subcontrata también cumple con la normativa en vigor.

Las multas más comunes en comunidades

Aquí podríamos iniciar una larga lista, debido a las cuantiosas reclamaciones.

Pero para ser breves, muchas de las reclamaciones están relacionadas con la videovigilancia, la inexistencia de carteles informativos, la falta de información en dichos carteles y el acceso a las grabaciones.

Otro apartado importante se lleva la toma de fotografías y posterior publicación en grupos de whataspp sin autorización de las personas fotografiadas.

También cabe destacar la creación de grupos de whatsapp sin permiso de los participantes, así como la publicación de datos personales en espacios comunes / de paso.

Todas estas multas se pueden evitar con la correcta gestión e información para todas las partes implicadas.

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Las multas en comunidades se pueden evitar.

CEO de Data Protect Plus®

Sylvia Fries