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Etiqueta: torrevieja

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Dos años de RGPD: aún queda mucho camino por recorrer

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea cumple dos años completos de aplicación.

Aunque se diera un plazo para que las empresas se adaptaran y pese al tiempo que ha transcurrido o las multas recibidas, las empresas aún tienen mucho trabajo por hacer.

Podemos decir que la mayoría de las empresas españolas se han adaptado al Reglamento pero esa mayoría solo es el 52%, situando a España un 8% por debajo de la media europea. Esto significa que 1 de cada 2 empresas españolas se adaptado a la nueva normativa.

Lo más destacable es que un 45% ni siquiera ha implementado medidas estándar para salvaguadar la privacidad. Cuestiones básicas como la actualización de software de la oficina o de dispositivos móviles aún no se realizan por muchas de ellas, algo básico para mantener la seguridad.

En la actualidad, poco más de 5 de cada 10 (53 %) han adoptado sistemas de control cifrado para evitar la filtración de los datos que almacenan. Esto es algo que se puede conseguir por medios físicos, como las unidades USB, o electrónicos, gracias al cifrado por software.

Y solo el 49 % cuenta con soluciones de prevención de pérdida de datos, manteniendo una actitud proactiva. Aquí cabe señalar que el RGPD exige la realización periódica de copias de seguridad en un soporte distinto al del trabajo diario, como puede ser la nube.

Esto significa que aún a muchas empresas españolas les supone un gran reto adaptarse al RGPD y esto puede llevarles a problemas de seguridad y de privacidad que les provoque sanciones.

En la actualidad, en los tiempos de coronavirus y con los cambios en la gestión de las empresas, es muy importante elevar la seguridad al fomentarse el teletrabajo y existir un mayor riesgo.

En definitiva, dos años después, las empresas españolas han normalizado, en su mayoría, la protección de datos de sus clientes pero aún queda mucho camino por recorrer.

Desde Data Protect Plus trabajamos por la seguridad de las empresas, autónomos y asociaciones.

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Acusan a TikTok de vulnerar la protección de datos de menores

El texto de la demanda dice que TikTok, propiedad de la compañía china ByteDance, facilita a los menores de 13 años eludir el consentimiento de un adulto para su utilización y tampoco envía notificaciones a los padres de esos usuarios

La famosa app, de la empresa china ByteDance, que revoluciona medio mundo, se ha encontrado con un problema en Estados Unidos y puede ser el inicio de muchos otros.

Según parece, en 2019, se estableció un acuerdo para limitar los datos que empresas tecnológicas obtienen de los niños menores de 13 años y la Agencia estadounidense de protección al consumidor ha comprobado que se siguen recopilando datos de estos menores sin el consentimiento de los padres. Se ha solicitado que se reabra el asunto con urgencia ante el aumento de descargas de la aplicación, durante el confinamiento.

TikTok presuntamente facilita a los menores de 13 años eludir el consentimiento de un adulto para su utilización y no envía notificaciones a los padres de esos usuarios. El objetivo de la app es obtener una información detallada del uso de los niños para determinar qué vídeo mostrar a continuación y así mantenerlos el mayor tiempo posible conectados.

El año pasado, TikTok pagó una multa de 5,7 millones de dólares tras llegar a un acuerdo en los tribunales y aceptó implementar cambios en sus prácticas de recopilación de datos, lo que implicaba borrar cualquier información obtenida de un usuario menor de 13 años.

Estas redes sociales que alimentan el uso de las imágenes y vídeos de quien aparece en ellas, con bailes, canciones, etc…es un peligroso escenario para menores sin ningún tipo de control.

En España, es una de las más famosas y os rogamos que si tenéis niños menores, controléis directamente el uso que realizan de esta app.

Resolvemos todas tus dudas sobre protección de datos y ayudamos a tu empresa o actividad a su adaptación en la nueva ley de protección de datos.

Confía en Data Protect Plus, solicita tu AUDITORIA GRATUITA

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¿Qué pasa con las cámaras termográficas y la protección de datos?

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advertía hace días que el uso de estas cámaras genera un “importante impacto” en la privacidad de las personas. Además, el organismo de control lamentaba que grandes empresas y establecimientos de todo tipo estaban adoptando iniciativas como esta sin la “determinación previa” del Ministerio de Sanidad.

Con todo, la AEPD incide en que este tipo de actuaciones deben esperar a lo que diga Sanidad. “Hay un porcentaje de personas contagiadas sin síntomas que no presenta fiebre“, remacha el texto, que recuerda que además “puede haber personas que presenten elevadas temperaturas por causas ajenas al coronavirus”.

De hecho, el organismo de control asegura que estas medidas se han de aplicar con criterios sanitarios también por “proporcionalidad”. “Hasta qué punto es esa utilidad —la de las cámaras termográficas— suficiente para justificar el sacrificio de los derechos individuales que las medidas suponen, (…) y hasta qué punto se podrán sustituir por otras menos intrusivas”.

La AEPD teme que el uso de este tipo de cámaras, capaces de detectar la temperatura corporal de la gente, provoquen señalamientos públicos. Un ejemplo es cuando se impida el acceso a un establecimiento por presentar fiebre: la agencia entiende que se estaría “desvelando a terceros” que la persona afectada “puede haber sido contagiada por el virus”.

Lo cierto es que no hay normativa específica que ampare el uso de cámaras termográficas en establecimientos para controlar a clientes, por lo que las empresas como El Corte Inglés y otros tantos establecimientos comerciales que plantean hacer uso de ellas podrían acabar encontrándose con que no pueden implementar dicha tecnología.

Es necesario precisar que la temperatura corporal puede entenderse como un dato personal porque está asociado a una persona física, identificada o identificable aunque la cámara no lleva a cabo un tratamiento de datos. Es posible que si estas cámaras controlan el acceso a recintos cerrados sí podría realizarse un tratamiento de datos que, según la AEPD, habría que regular con urgencia estas herramientas.

La AEPD reconoce en un documento de preguntas habituales que “verificar si el estado de salud de los trabajadores puede constituir un peligro” es “obligatorio para el empleador”, y que esta labor “debería ser realizada por personal sanitario”.

De momento, en el ámbito laboral, lo único que la AEPD ha dicho es que las tomas de temperatura “deben respetar la normativa de protección de datos, obedecer a la finalidad específica de contener el coronavirus, y no extenderse a otras finalidades distintas”.

Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos

La paulatina retirada de las medidas de confinamiento y limitación de la actividad económica y social está determinando la implantación de medidas encaminadas a prevenir nuevos contagios de COVID – 19.

Entre estas medidas se está incluyendo, aparentemente de forma generalizada y en muy variados entornos, la toma de temperatura de las personas para determinar la posibilidad de que puedan acceder a centros de trabajo, comercios, centros educativos u otro tipo de establecimientos o equipamientos.

En esta situación, la Agencia Española de Protección de Datos considera necesario destacar su preocupación por este tipo de actuaciones, que se están realizando sin el criterio previo y necesario de las autoridades sanitarias.

Tratamiento de datos personales sensibles

Debe señalarse, en primer lugar, que este tipo de operación supone un tratamiento de datos personales que, como tal, debe ajustarse a las previsiones de la legislación correspondiente. Esta normativa contiene apartados específicos que contemplan situaciones como la actual, al tiempo que permiten seguir aplicando los principios y garantías que protegen el derecho fundamental a la protección de datos.

Este tratamiento de toma de temperatura supone una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados. Por una parte, porque afecta a datos relativos a la salud de las personas, no sólo porque el valor de la temperatura corporal es un dato de salud en sí mismo sino también porque, a partir de él, se asume que una persona padece o no una concreta enfermedad, como es en estos casos la infección por coronavirus.

Por otro lado, los controles de temperatura se van a llevar a cabo con frecuencia en espacios públicos, de forma que una eventual denegación de acceso a un centro educativo, laboral o comercial estaría desvelando a terceros que no tienen ninguna justificación para conocerlo que la persona afectada tiene una temperatura por encima de lo que se considere no relevante y, sobre todo, que puede haber sido contagiada por el virus.

En último extremo, y dependiendo del contexto en que se aplique esta medida, las consecuencias de una posible denegación de acceso pueden tener un importante impacto para la persona afectada.

Criterios de implantación

La aplicación de estas medidas y el correspondiente tratamiento de datos requeriría la determinación previa que haga la autoridad sanitaria competente, que en estos momentos es el Ministerio de Sanidad, de su necesidad y adecuación al objetivo de contribuir eficazmente a prevenir la diseminación de la enfermedad en los ámbitos en los que se apliquen, regulando los límites y garantías específicos para el tratamiento de los datos personales de los afectados.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta, entre otras cuestiones, que según las informaciones proporcionadas por las autoridades sanitarias, hay un porcentaje de personas contagiadas asintomáticas que no presenta fiebre, que la fiebre no siempre es uno de los síntomas presentes en pacientes sintomáticos, en particular en los primeros estadios del desarrollo de la enfermedad, y que, por otro lado, puede haber personas que presenten elevadas temperaturas por causas ajenas al coronavirus.

Es por ello que estas medidas deben aplicarse solo atendiendo a los criterios definidos por las autoridades sanitarias, tanto en lo relativo a su utilidad como a su proporcionalidad, es decir, hasta qué punto esa utilidad es suficiente para justificar el sacrificio de los derechos individuales que las medidas suponen y hasta qué punto estas medidas podrían o no ser sustituidas, con igual eficacia, por otras menos intrusivas.

Por otro lado, esos criterios deben incluir también precisiones sobre los aspectos centrales de la aplicación de estas medidas. Así, por ejemplo, la temperatura a partir de la cual se consideraría que una persona puede estar contagiada por la COVID – 19 debería establecerse atendiendo a la evidencia científica disponible. No debería ser una decisión que asuma cada entidad que implante estas prácticas, ya que ello supondría una aplicación heterogénea que disminuiría en cualquier caso su eficacia y podría dar lugar a discriminaciones injustificadas.

Principio de legalidad

Como todo tratamiento de datos, la recogida de datos de temperatura debe regirse por los principios establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y, entre ellos, el principio de legalidad. Este tratamiento debe basarse en una causa legitimadora de las previstas en la legislación de protección de datos para las categorías especiales de datos (artículos 6.1 y 9.2 del RGPD).

En el caso de la comprobación de la temperatura corporal como medida preventiva de la expansión de la COVID – 19, esa base jurídica no podrá ser, con carácter general, el consentimiento de los interesados. Las personas afectadas no pueden negarse a someterse a la toma de temperatura sin perder, al mismo tiempo, la posibilidad de entrar en unos centros de trabajo, educativos o comerciales, o en los medios de transporte, a los que están interesados en acceder. Por tanto, ese consentimiento no sería libre, uno de los requisitos necesarios para invocar esta base legitimadora.

En el entorno laboral, y siempre que se hayan tenido en consideración las demás cuestiones que se abordan en esta comunicación, la posible base jurídica podría encontrarse en la obligación que tienen los empleadores de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras a su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo. Esa obligación operaría a la vez como excepción que permite el tratamiento de datos de salud y como base jurídica que legitima el tratamiento.

Sin embargo, y adicionalmente, el RGPD requiere también en estos casos que la norma que permita este tratamiento ha de establecer también garantías adecuadas. Dichas garantías habrán de ser especificadas por el responsable del tratamiento.

Esa base jurídica podría ser tenida en cuenta con un alcance amplio, atendiendo a que, aunque un centro o local estén destinados a unas finalidades específicas que impliquen que en ellos se concentren un elevado número de clientes o usuarios ajenos a la empresa que los gestiona, siempre estarán presentes en ellos personas trabajadoras sobre las que el empleador mantiene sus obligaciones.

Esta aproximación, no obstante, requiere de una adecuada ponderación entre el impacto sobre los derechos de los clientes o usuarios de estas medidas y el impacto en el nivel de protección de las personas empleadas. Esa ponderación debe basarse en diferentes factores. Ante todo, los criterios establecidos por las autoridades sanitarias. Pero también los relacionados con el mayor o menor riesgo que se pueda producir en cada caso concreto o con la posibilidad de aplicar medidas alternativas de protección para el personal. Por ejemplo, el riesgo será menor en un establecimiento en el que las personas empleadas estén físicamente separadas de la clientela que en otro en que esa barrera física no exista o sea más precaria.

En otros ámbitos en que no sea relevante esta base jurídica, cabría plantear la existencia de intereses generales en el terreno de la salud pública que deben ser protegidos. No obstante, esta posibilidad requeriría igualmente, como establece el artículo 9.2.i RGPD, de un soporte normativo a través de leyes que establezcan ese interés y que aporten las garantías adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades de los interesados.

La utilización del interés legítimo de los responsables del tratamiento como base legitimadora quedaría en todo caso excluida, por un doble motivo. Por una parte, porque ninguna disposición del artículo 9.2 del RGPD permite levantar la prohibición de tratamiento de datos sensibles por razones de interés legítimo (salvo que en determinadas materias así lo contemple el derecho de la Unión o de los Estados Miembro). Por otra, porque el impacto de este tipo de tratamientos sobre los derechos, libertades e intereses de los afectados haría que ese interés legítimo no resultara prevalente con carácter general.

Limitación de finalidad y exactitud de los datos

La normativa de protección de datos contiene otras disposiciones que resultan también especialmente aplicables en el caso de las mediciones de temperatura como medida de prevención contra la expansión de la COVID – 19.

Entre los principios de protección de datos recogidos en el RGPD, debe mencionarse el de limitación de la finalidad. Este principio supone que los datos (de temperatura) solo pueden obtenerse con la finalidad específica de detectar posibles personas contagiadas y evitar su acceso a un determinado lugar y su contacto dentro de él con otras personas. Pero esos datos no deben ser utilizados para ninguna otra finalidad. Esto es especialmente aplicable en los casos en que la toma de temperatura se realice utilizando dispositivos (como, por ejemplo, cámaras térmicas) que ofrezcan la posibilidad de grabar y conservar los datos o tratar información adicional, en particular, información biométrica.

De igual modo, el principio de exactitud, aplicado en este contexto, implica que los equipos de medición que se empleen deben ser los adecuados para poder registrar con fiabilidad los intervalos de temperatura que se consideren relevantes. Esta adecuación debiera establecerse utilizando solo equipos homologados para estos fines y con criterios que tengan en cuenta esos niveles de sensibilidad y precisión. El personal que los emplee debe reunir los requisitos legalmente establecidos y estar formado en su uso. Conviene insistir, a este respecto, en el impacto que sobre los interesados tendría que la identificación de un posible indicador de la existencia de contagio resultara errónea como consecuencia de un equipo inapropiado o de un mal desarrollo de la medición.

Derechos y garantías

En todo caso, los afectados siguen manteniendo sus derechos de acuerdo con el RGPD y siguen siendo de aplicación las demás garantías que el Reglamento establece, si bien adaptadas a las condiciones y circunstancias específicas de este tipo de tratamiento.

En ese sentido, debieran considerarse, entre otras, medidas relativas a la información a los trabajadores, clientes o usuarios sobre estos tratamientos (en particular si se va a producir una grabación y conservación de la información), u otras para permitir que las personas en que se detecte una temperatura superior a la normal puedan reaccionar ante la decisión de impedirles el acceso a un recinto determinado (por ejemplo, justificando que su temperatura elevada obedece a otras razones). Para ello, el personal deberá estar cualificado para poder valorar esas razones adicionales o debe establecerse un procedimiento para que la reclamación pueda dirigirse a una persona que pueda atenderla y, en su caso, permitir el acceso.

Es igualmente importante establecer los plazos y criterios de conservación de los datos en los casos en que sean registrados. En principio, y dadas las finalidades del tratamiento, este registro y conservación no debieran producirse, salvo que pueda justificarse suficientemente ante la necesidad de hacer frente a eventuales acciones legales derivadas de la decisión de denegación de accesos.

Debe señalarse, por último, que esta comunicación se refiere con carácter general a cualquier proceso de toma de temperatura en los escenarios más probables en este periodo de mitigación del confinamiento y limitaciones a la movilidad y a la actividad social y económica.

Sin embargo, dependiendo del tipo de tecnología que se emplee, puede ser necesario tomar en consideración otros elementos que, aunque relacionados con los mencionados, tienen una especial incidencia en una u otra de esas diferentes tecnologías.

Este es el caso de las cámaras térmicas, a las que ya se ha hecho alusión, en la medida en que pueden ofrecer posibilidades adicionales a la toma de temperatura y que, por ello, deben ser utilizadas prestando especial atención a los principios de limitación de finalidad y minimización de datos establecidos por el artículo 5.1 RGPD.

 

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Haz que tu web cumpla con la LOPDGDD

Hemos aprovechado, durante el período de confinamiento, para estudiar las páginas webs de diferentes sectores tales como el transporte, la alimentación, administraciones de fincas, gestorías y asesorías, e incluso las de informáticos y otros servicios.

Nos ha sorprendido que, de todas las webs analizadas, más de un 30% no tienen redactadas correctamente la política cookies y la protección de datos. Estos errores llevarían aparejadas sanciones importantes para la empresa.

Esta mala o errónea redacción, nos obliga a tener mucho cuidado a la hora de introducir los datos personales para hacer compras o suscripciones en páginas no seguras. Además, muchas redacciones están basadas en la Ley de 1999, por lo tanto, están desactualizadas.

¿Qué es lo que ha ocurrido? Normalmente, las empresas han centrado su adaptación a la Ley de Protección de datos en otros ámbitos, como la obtención del consentimiento, pero se han olvidado de otros como es la adecuación de sus páginas web a los requisitos del RGPD y LOPDGDD.

Los errores más comunes son:

1.- Aceptación de cookies.

Se exige una aceptación expresa de las cookies pero te deja seguir navegando aunque no prestes tu consentimiento.

2.- Rechazo de cookies.

Es muy difícil rechazar las cookies en la mayoría de las webs. Cuando las aceptamos, lo hacemos con todas y no nos permite rechazarlas individualmente.

3.- Finalidad de las cookies.

Se ha de indicar la finalidad para la que se instalan las cookies.

4.- Navegación

El que navegues por una web no significa que aceptes la recopilación de tus datos. El RGPD obliga a que el consentimiento sea expreso.

5.- Políticas de privacidad nada claras

La LOPDGDD exige que las políticas de privacidad utilicen un lenguaje claro para que cualquier persona pueda entenderlas.

6.-  Formularios

Los formularios utilizados en la web para recoger datos deben tener una opción para dar el consentimiento expreso y, además, debe ser demostrable, inequívoco e informado para que, posteriormente, el propietario de la web pueda demostrar que el usuario dio su consentimiento.

7.- Falta del certificado de seguridad SSL

Un certificado SSL (Secure Sockets Layer) es un título digital que autentifica la identidad de un sitio web y cifra con tecnología SSL la información que se envía al servidor.

Un certificado sirve como un “pasaporte” electrónico que establece las credenciales de una entidad en línea al hacer negocios en la Web. Cuando un usuario de Internet intenta enviar información de credenciales a un servidor web, el navegador del usuario accede al certificado digital del servidor y establece una conexión segura.

Hay muchos más errores pero hemos querido centrarnos en estos. Lo fundamental es que consultéis con profesionales para corregir todos estos errores y aquí es donde podemos ayudaros.

En Data Protect Plus tenemos la experiencia y conocimientos para ofrecer el asesoramiento que tu empresa necesita en protección de datos, siendo una de las empresas más importantes en nuestro país.

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La AEPD recibió más de 11.000 reclamaciones en 2019

El número de notificaciones de quiebras de seguridad en las empresas se triplicó a lo largo del pasado año.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de publicar su Memoria 2019, la primera Memoria que recoge un año completo desde la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En ella se identifica, entre otros asuntos, que la autoridad española recibió el año pasado 1.459 notificaciones de quiebras de seguridad, una cifra que supone casi triplicar las que recibió el año anterior (547).

Además, el informe apunta que se han presentado ante la AEPD 11.590 reclamaciones, volviendo así al incremento anual que solía producirse antes de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que marcó un crecimiento extraordinario y puntual de un 33% respecto a 2017. Las quejas planteadas con mayor frecuencia por los ciudadanos en 2019 hacen referencia a servicios de Internet (13%), vídeovigilancia (12%), inserción indebida en ficheros de morosidad (12%) y reclamación de deudas y publicidad (excepto spam) (9%).

En 2019, la Agencia de Protección de Datos dictó 338 resoluciones sancionadoras y las multas impuestas por mayor importe correspondieron, por áreas, a los directorios (2,9 millones de euros); telecomunicaciones (641.000 euros); la contratación fraudulenta (620.620 euros) y las quiebras de seguridad (460.000 euros). Los resultados de la Memoria 2019 indican además que se redujo en un 29% los tiempos medios en los que se resolvieron los procedimientos sancionadores y un 22% los tiempos de actuaciones de investigación.

El RGPD también ha provocado que, en el ejercicio de 2019, se notificara la inscripción de 50.326 delegados de protección de datos (DPD) -44.069 del sector privado y 6.257 del sector público-, una figura esencial para las empresas creada por el RGPD.

En Data Protect Plus protegemos tus datos en toda España y nuestra sede está en Torrevieja (Alicante).

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Data Protect Plus con el pequeño comercio

Desde que estamos ayudando a las empresas de todos los rincones de España a cumplir con la normativa, hemos podido conocer muchos empresarios, todas excelentes personas con grandes valores, que luchan duro para cumplir sus objetivos.

Queremos aportar nuestro granito de arena para que todo funcione perfectamente en esta nueva etapa profesional que nos espera, ofreciendo un 10% de descuento a las empresas / autónomos / asociaciones / clubes deportivos que tengan local y/o sede social en Torrevieja y Santurtzi, durante los próximos 3 meses.

Recordad que ya han empezado las inspecciones de trabajo debido a las ERTEs y múltiples ayudas, por lo que es imprescindible tener la PROTECCIÓN DE DATOS al día.

Nos encantaría conoceros para ayudaros a evitar cuantiosas multas.

¿Quiere un presupuesto? Solicítelo AQUÍ

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RGPD, Protección de Datos… ¿Qué pasa si no lo tengo?

RGPD, PROTECCION DE DATOS… ¿QUÉ PASA SI NO LO TENGO?

¿Qué pasa si no tengo mi empresa adaptada al RGPD? ¿Qué pasa si no lo tengo? ¿Protección de datos?… ¿Eso qué es? Con frecuencia escuchamos estas preguntas ante el desconocimiento general que existe a día de hoy con la nueva normativa. Si aún no estás informado de lo que se nos viene encima aquí os traemos un pequeño resumen que esperamos os sirva de ayuda.

SANCIONES GRAVES

Con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, las sanciones han cambiado de forma muy considerable. En la LOPD las sanciones se consideraban Leves, Grave o Muy Grave, con importes entre los 900€ a 600.000€. Con la nueva reglamentación, solo se admiten dos consideraciones Grave o Muy Graves y los importes pueden ser:

La sanción administrativa se eleva hasta 10.000.000€. Por otro lado, en el caso de empresas, la cuantía sancionadora grave es equivalente al 2%, como máximo, del volumen de negocio total anual global. Este porcentaje se basa en su ejercicio financiero anterior. La sanción grave a abonar, se decide en base a la mayor en cuantía.

Los motivos de la sanción grave, son:

  • No obtener el consentimiento de menores.
  • Incumplir con las medidas técnicas y organizativas por defecto.
  • No disponer del registro de actividades de tratamiento.
  • Pasar de notificar las brechas de seguridad dentro del plazo de 72 horas.
  • No aplicar la evaluación de Impacto correspondiente.
  • No designar DPO (en los supuestos requeridos)

SANCIONES MUY GRAVES

La sanción administrativa se eleva hasta 20.000.000€. Por otro lado, en el caso de empresas, la cuantía sancionadora grave es equivalente al 4%, como máximo, del volumen de negocio total anual global. Este porcentaje se basa en su ejercicio financiero anterior. La sanción grave a abonar, se decide en base a la mayor en cuantía.

Los motivos de la sanción grave, son:

  • Incumplir con los principios de la RGPD.
  • No tener en cuenta los derechos de los interesados.
  • Incumplir con los requisitos para transferencia internacional de datos.
  • Vulnerar la resolución de la Autoridad de Control.

¿QUÉ TIENE EN CUENTA LA ADMINISTRACIÓN PARA ESTABLECER MULTAS DENTRO DEL RGPD?

Las multas administrativas se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual. Para decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

  • La naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido.
  • La intencionalidad o negligencia en la infracción.
  • cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados.
  • El grado de responsabilidad del encargado del tratamiento. En este supuesto se tendrán en cuenta las medidas técnicas u organizativas aplicadas aplicado en virtud de los artículos 25 y 32, RGPD.
  • toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento.
  • El grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción.
  • Las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción.
  • La forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida.
  • En el momento en el que las  medidas indicadas por cada autoridad de control -siguiendo el art. 58.2, hayan sido ordenadas previamente contra el responsable o el encargado de que se trate en relación con el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas.
  • La adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación.
  • Cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la infracción
  • Incumplimiento de forma intencionada o negligente por parte del responsable o encargado del tratamiento de datos

Fuente: https://normativasobligatorias.es

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Ley de Protección de datos en las Comunidades de vecinos. ¿Cómo afecta?

¿Cómo afecta la nueva Ley de Protección de datos en las comunidades de vecinos?

El pasado 25 de mayo se puso en vigor el nuevo reglamento europeo mediante el cual se establecen nuevas bases jurídicas más “armonizadas” en toda la comunidad, en las que se refuerzan los derechos de los individuos referentes a la cesión y tratamiento de su información personal. Y, como no podía ser menos, el sector inmobiliario también ha tenido que adaptarse a esta nueva etapa, ¿cómo afecta la nueva Ley de Protección de Datos en las comunidades de vecinos?

¿Quién es el responsable de los datos?

Se pueden distinguir 2 figuras clave, las cuales intervienen directamente, o bien en la recogida de datos personales de los vecinos o en su gestión: el presidente de la comunidad y los administradores de fincas.

El primero, como representante legal de la propia comunidad, podría decirse que es el responsable directo del tratamiento de la información, mientras que el papel de los segundos está supeditado ser de asesoramiento y consultoría. De hecho, el contrato que poseen con esa comunidad por la prestación de sus servicios, como la Ley de Propiedad Horizontal, les otorga legitimidad para el tratamiento de esos datos.

En el caso en el que la comunidad no disponga de Administrador o Asesoría externa, el tratamiento de la información por parte del presidente debe acotarse al ámbito de sus funciones, quedando totalmente prohibido que facilite el acceso a esos datos a terceros sin el consentimiento del propietario

Obligaciones tras la nueva ley de protección de datos en las comunidades de vecinos

  • Creación de un documento o registro de tratamiento donde aparecen los ficheros y quien los trata.
  • Regular mediante contrato los posibles encargados de tratamiento de la comunidad de propietarios y disponer de los documentos de confidencialidad firmados por parte de los cargos de la comunidad (presidente, vicepresidente, etc.) y de los trabajadores (si hay).
  • Si hay instalado un sistema de videovigilancia, será de obligatorio cumplimiento colgar el cartel informativo homologado por la AEPD informando a los vecinos de ello.

En el caso de que la comunidad de propietarios tenga contratada la gestión de la protección de datos en el administrador de fincas, será la figura que gestionará el correcto cumplimiento de los requisitos de la nueva RGPD, dado su papel de encargado de tratamiento de los datos respecto la comunidad.

Fuente: www.gestilar.com

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Medidas urgentes para aplicar la normativa europea de protección de datos

El Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos es de aplicación directa en todos los países de la UE desde el pasado 25 de mayo y en el nuestro ha supuesto que la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal y su desarrollo reglamentario, esto es, el Real Decreto 1720/2007, haya sido de hecho derogado.Aun así, el Gobierno aprobó y remitió al Congreso el proyecto de una nueva Ley Orgánica sobre esta materia que adapta nuestra legislación a lo dispuesto en el Reglamento comunitario, proyecto que todavía no ha superado su tramitación parlamentaria.Teniendo en cuenta lo anterior, y sin perjuicio de que los aspectos que configuran el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal hayan de incorporarse a la Ley Orgánica aún no aprobada, existen determinadas cuestiones que resultan imprescindibles su urgente aprobación para la plena adaptación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) comunitario.Este es el objetivo del Real Decreto-ley 5/2018, el cual se ciñe a la adecuación de nuestro ordenamiento al reglamento europeo en aquellos aspectos concretos que, sin rango orgánico, no admiten demora. La norma aprobada a final de julio debe entenderse sin perjuicio de la necesidad de una legislación orgánica de protección de datos que procure la plena adaptación de la normativa interna a los estándares fijados en la materia por la Unión Europea a través de una disposición directamente aplicable.Así pues, el Real Decreto-ley regula determinadas materias respecto a la protección de datos que no están reservadas a la futura Ley Orgánica.En concreto, regula la inspección y el régimen sancionador en materia de protección de datos y los procedimientos en caso de una posible vulneración del RGPD relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Información obtenida de: noticias.juridicas.com

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