La Agencia de Protección de Datos sanciona con esta cantidad a un ciudadano que colocó un dispositivo de grabación en la parte trasera de su vehículo por violar el derecho a la intimidad de los viandantes

Es una tendencia global. Cada vez hay más conductores alrededor del mundo que deciden colocar una pequeña cámara de alta definición conectada a una tarjeta de memoria (dashcam) en el interior de sus coches para registrar todo lo que ocurre mientras van al volante. El objetivo es utilizar esas imágenes como prueba en caso de multa o accidente y despejar cualquier duda en un futuro proceso judicial.

Estos dispositivos, que pueden encontrarse en el mercado por menos de 100 euros, comenzaron a popularizarse en países con una alta tasa de siniestralidad, como Rusia, donde su uso no solamente es legal, sino que además es obligatorio para reducir los intentos de fraude a las aseguradoras y depurar responsabilidades. De hecho, estos gadgets se han hecho muy famosos por nutrir las redes sociales con cientos de videos virales en los que pueden verse impactantes choques e infracciones de tráfico de todo tipo.

En España no hay ninguna normativa específica que impida o castigue llevar una dashcam en el choche. Ahora bien, al estar en la frontera entre las grabaciones privadas y la videovigilancia, su utilización puede dar lugar a importantes sanciones, dependiendo de cómo y dónde sean ubicadas. Así lo demuestra una reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que multa con 1.500 euros a un vecino de Toledo que instaló uno de estos aparatos en parte trasera de su automóvil, enfocando hacia la calzada.

Espacio público

Según consta en el expediente sancionador, fue una patrulla de la Guardia Civil la que detectó la presencia de un dispositivo de grabación en la bandeja del maletero del automóvil cuando éste se encontraba aparcado en la vía pública. En concreto, se trataba de una cámara de 360 grados de la marca Xiaomi My Home Security que permite ser controlada con una aplicación y visionar las imágenes directamente desde un teléfono móvil.

Teniendo en cuenta el atestado y el reportaje fotográfico facilitados por los agentes de la Benemérita, la AEPD considera probado que el denunciado poseía un sistema de videovigilancia en el interior de su automóvil orientado hacia el espacio público “sin causa justificada” y que, por tanto, incumplió el artículo 5.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Este precepto establece, en esencia, que los datos personales captados por cualquier tipo de sistema de grabación serán “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados”.

En este sentido, la AEPD argumenta que el control del tráfico y el espacio público es una competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, aunque reconoce el derecho de cualquier persona a captar imágenes en la calle, entiende que hacerlo de forma continuada vulnera el derecho a la intimidad de los viandantes. Especialmente cuando no hay un motivo concreto, como ocurrió en este caso.

Cartel informativo

El escrito recuerda que cualquier cámara a bordo debe orientarse “preferentemente hacia el espacio particular”.  Es decir, hacia el interior del coche, evitando “controlar zonas de tránsito”. Por otro lado, indica que necesariamente se tendrá que advertir a todas las personas que puedan ser grabadas con un cartel informativo, incluso en el caso de que se trate de cámaras “simuladas” o disuasorias, dado que “pueden llegar a sentirse intimidadas”. Dos requisitos que aparentemente chocan con el propósito con el que estos aparatos son normalmente instalados: para registar lo que ocurre en la calzada y desvelar la identidad de aquellos conductores o peatones que cometan ilegalidades.

Las infracciones del RGPD llevan aparejadas multas de hasta 20 millones de euros o del 4% de la facturación, en caso de que la infractora sea una empresa. Sin embargo, en el presente expediente la presidenta de la AEDP, Mar España, aclara que dada la gravedad de los hechos “se considera acertado imponer una sanción inicial de 1.500 euros, situada en la escala más baja para este tipo de comportamientos”. Contra la resolución ahora cabe recurso judicial por la vía contencioso-administrativa.

Datos personales y financieros de millones de clientes de algunas de las empresas más famosas en el mercado de los viajes interpersonales como Booking han sido expuestos

Numerosas empresas dedicadas al mercado hotelero y de viajes han sido afectados por una exposición de datos bastante grave sucedida en España. La firma de software ubicada en Barcelona, Prestige Software, ha sido pillada exponiendo datos de millones de clientes de todo el mundo.

Tanto datos personales como financieros han sido expuestos. En particular, clientes de los portales Booking.com, Hotels.com, Hotelbeds, Omnibees, Sabre, Expedia, Agoda, Amadeus y más se encuentran entre las víctimas de la brecha de seguridad, lo que equivale a millones de potenciales usuarios afectados.

La base de datos expuesta ha sido identificada inicialmente por investigadores de la página Website Planet que notaron un bucket de los Amazon Web Services o AWS S3 mal configurado, propiedad de la empresa de seguridad ya mencionada.

Los investigadores analizaron el bucket y concluyeron que este contenía unos 24.4 GB de datos financieros y personales, traducidos en un total de más de 10 millones de archivos. Pero ¿cómo se ha producido esta filtración tan masiva?

Como resultado de este hecho, los datos personales y financieros de millones de clientes han sido expuestos. Datos que además datan del año 2013, por lo que hablamos de una filtración que contiene datos muy íntimos de usuarios, incluso de clientes antiguos de estas empresas.

Los datos filtrados conforman nombres completos, datos de identificación, correos electrónicos, números de teléfono, datos financieros e incluso los números de reservas de hotel. También se incluyen las fechas y duraciones de las estancias e incluso los números de las tarjetas de crédito. Por si fuera poco, estos datos van acompañados del nombre, la fecha de vencimiento de la tarjeta y el código CCV.

No está claro

No se sabe si alguien ha accedido a estos datos. Numerosos hackers han estado revisando las redes en busca de esta clase de datos, para robarlos y venderlos en los mercados de la Deep Web y la Dark Web. Estos datos se filtran en foros de hackers para su descarga gratuita. Además, con estos datos se pueden realizar todo tipo de delitos cibernéticos, desde suplantaciones de identidad hasta campañas de phishing.

Un ejemplo lo tiene esta base de datos expuesta que detectó Hackread.com, descubriendo que se expuso la información de más de 267 millones de usuarios de Facebook. Un año después, en abril del 2020, esta misma base de datos se vendía en foros de hackers por 600 dólares.

Dado que Prestige Software tiene su sede en Europa y estos datos pertenecen a usuarios de todo el globo (incluyendo ciudadanos europeos), es esperable que la firma acabe sufriendo una fuerte demanda por incumplir la GDPR o Reglamento General de Protección de Datos.

Fuente: El Español

Cuando instalamos una nueva aplicación en nuestro dispositivo móvil o accedemos por primera vez a un servicio en una web es habitual tener que crear una cuenta de usuario para poder utilizarla. Como alternativa, cada vez más servicios ofrecen la posibilidad de registrarnos utilizando nuestra cuenta de Google, Apple, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y demás redes sociales, permitiendo de esta manera no tener que darse de alta en cada una de las webs o apps que usamos. Si bien esta práctica facilita la cada vez más abrumadora tarea de gestionar las credenciales de nuestra vida digital, por otro lado, no está exenta de ciertos riesgos para la privacidad.

Para crear una nueva cuenta de usuario en una aplicación o en un sitio web es necesario proporcionar unas credenciales de acceso que son una combinación de identificador (un nombre de usuario, un email, un número de teléfono o similar) y una contraseña, además de otros datos de registro. A medida que aumenta el número de aplicaciones de las que somos usuarios, crece también el número de credenciales que tenemos que recordar. Esta circunstancia, unida a las recomendaciones de seguridad que requieren utilizar contraseñas fuertes, contraseñas distintas en cada servicio y cambiarlas con cierta frecuencia, hacen que la gestión de contraseñas se complique de tal manera que no se suele llevar a cabo.

Como solución a esta avalancha de identidades digitales, han surgido diferentes iniciativas entre las que destaca los servicios de autenticación basados en identidad federada. A pesar de ser un servicio proporcionado desde hace años, la utilización de las credenciales de redes sociales para acceder a otros servicios sigue siendo un tema de actualidad en los sectores de la ciberseguridad y privacidad.

Estos servicios están basados en una tercera parte independiente (por ejemplo, una red social) que es quien autentica al usuario ante las diferentes aplicaciones o sitios webs. Es decir, para acceder a un sitio concreto, durante el proceso de inicio de sesión somos redirigidos a un servicio de autenticación federada que comprueba las credenciales y, si son correctas, devuelve el control al servicio solicitado. Además, estos servicios de autenticación pueden compartir algunos datos personales imprescindibles para el registro con el servicio al que queremos acceder, de forma que no sea necesario que volvamos a introducir en otra web de forma repetitiva datos como nuestro nombre, apellidos, fecha de nacimiento, datos de contacto, etc.

Las VENTAJAS de estos servicios son:

• Nos ayuda a reducir el número de credenciales que usamos.
• Los procesos de registro son más rápidos porque muchos de los detalles de registro, si no todos, son automáticamente proporcionados por el servicio de autenticación federada.
• Existe menos riesgo de que nuestras credenciales de acceso acaben viéndose afectadas por una brecha de seguridad en el servicio concreto al que accedemos, porque todas esas aplicaciones y servicios no guardarán de ninguna forma nuestras contraseñas. Y en caso de verse afectada sólo sería necesario cambiar una contraseña.

En los últimos años han proliferado proveedores de identidad federada ofrecidos principalmente por las grandes tecnológicas y las redes sociales, basadas en el estándar OAuth. Así, muchas aplicaciones te ofrecen la posibilidad de crear una cuenta e iniciar sesión directamente con tu cuenta de Google, Apple, Twitter, Facebook y algunos otros.

Estas entidades pueden llegar a tener datos muy completos sobre nosotros, nuestra vida, nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros intereses, etc., tanto por la información que hemos facilitado en nuestros perfiles de usuario como por los datos obtenidos o inferidos directamente a través del uso que hacemos de las aplicaciones de Internet en las que nos autenticamos haciendo uso de esta técnica.

El uso de la autenticación federada debe contar con las garantías adecuadas para que no se materialicen riesgos como la pérdida del control sobre los datos personales, ya que podría dar lugar a flujos de datos que acaben siendo utilizados para el seguimiento o el perfilado de las personas.

No todos los servicios de identidad federada dan el mismo control al usuario sobre los datos que comparten con las aplicaciones en las que nos registramos, ni proporcionan la información de forma uniforme.

Estas entidades pueden llegar a tener datos muy completos sobre nosotros, nuestra vida, nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros intereses, etc., tanto por la información que hemos facilitado en nuestros perfiles de usuario como por los datos obtenidos o inferidos directamente a través del uso que hacemos de las aplicaciones de Internet en las que nos autenticamos haciendo uso de esta técnica.

El uso de la autenticación federada debe contar con las garantías adecuadas para que no se materialicen riesgos como la pérdida del control sobre los datos personales, ya que podría dar lugar a flujos de datos que acaben siendo utilizados para el seguimiento o el perfilado de las personas.

No todos los servicios de identidad federada dan el mismo control al usuario sobre los datos que comparten con las aplicaciones en las que nos registramos, ni proporcionan la información de forma uniforme.

Por lo tanto, entre RIESGOS asociados a estas tecnologías se pueden destacar:

• Pérdida de control sobre los datos personales, cuando el servicio accede a determinados datos del perfil social del usuario.
• Utilización de los datos obtenidos de la red social para finalidades distintas de las consentidas por el usuario.
• Acceso de las redes sociales a una mayor información sobre nuestro uso de las aplicaciones o comportamiento por Internet, lo que facilita el seguimiento y perfilado.
• Ante una brecha de seguridad del servicio no se verá afectada la contraseña del usuario, pero si puede verse afectada mucha información del perfil social de usuarios, incluidos datos sobre sus intereses y perfilado para publicidad comportamental.
• En caso de perder el control sobre la cuenta de la red social (robo de credenciales), se pierde también el control del resto de servicios donde nos hemos registrado con esa cuenta, que podrían también verse comprometidos.

Para realizar un USO SEGURO de esta tecnología se aconseja seguir las siguientes recomendaciones:

1. Antes de iniciar sesión con tu cuenta de una red social en una aplicación, infórmate sobre esa aplicación y sobre los datos a los que tendrá acceso, valora también el uso que vas a hacer de la misma.
2. Si se trata de una aplicación que desconoces, que únicamente vas a utilizar puntualmente, o simplemente quieres conocerla y experimentar, evita iniciar sesión con tus credenciales de tu red social habitual. Es más recomendable crear para ese servicio una nueva cuenta o, incluso, utilizar servicios de identidad federada que has creado específicamente para acceder a servicios con mayor riesgo.
3. No guardes contraseñas en el navegador ni las reutilices en diferentes servicios. Usa gestores de contraseñas que sean fiables, para generar nuevas contraseñas robustas, acceder a ellas cuando las necesites y tenerlas almacenadas de forma segura.
4. Utiliza únicamente aquellos servicios de identidad federada que te ofrezcan mejores garantías respecto al uso de tus datos personales, mayor control sobre los datos personales que compartirán con la aplicación en la que te registras y medidas de seguridad adecuadas, como un segundo factor de autenticación.
5. Cuando utilices tus credenciales de una red social para acceder a una aplicación asegúrate de gestionar adecuadamente los permisos de acceso a tus datos personales que concedes a la aplicación, tanto en el momento del registro como posteriormente. Evita que obtenga más datos de ti de los que consideres necesarios.
6. Revisa periódicamente, desde los ajustes de privacidad de tu cuenta en redes sociales, las aplicaciones en las que has iniciado sesión o permites que se inicie sesión, eliminado o revocando el permiso para aquellas que hayas dejado de utilizar y gestionando los datos personales a los que puede acceder cada aplicación.

Fuente: AEPD

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, regula en su artículo 22 el uso de las cookies, definidas como “dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios de prestadores de servicios”. Asimismo, como requisitos adicionales a esta regulación, la entrada en vigor de la nueva normativa europea y nacional, sobre protección de datos personales, ha modificado las condiciones para obtención del consentimiento del usuario para el uso de las cookies.

Se acerca la fecha límite de plazo (31 de octubre de 2020) para la adaptación del uso de las cookies en la web a las recientes Directrices, publicadas en mayo de este mismo año por el Comité Europeo de Protección de Datos.

La Agencia Española de Protección de Datos actualizó, en el pasado mes de julio, su guía sobre el uso de cookies, para adaptarla a las nuevas Directrices del Comité, otorgando un plazo transitorio de tres meses, para que aquellos que utilizan cookies en su web, procedan a su debida adaptación, actualización o corrección.

El contenido de las Directrices Europeas, versa fundamentalmente sobre el consentimiento de los usuarios de las cookies en la web. Entre las diversas cuestiones abordadas por el Comité, destacamos:

– La obligación de obtener el consentimiento del interesado.

– Los “muros de cookies”, condición o necesidad de aceptación de las cookies para poder seguir navegando o recibir el servicio de la web, debe ofrecer una alternativa para que el usuario pueda prestar su consentimiento.

– La opción “Seguir navegando” NO es una opción válida para obtener el consentimiento.

Recomendamos no descuidar este tipo de obligaciones en materia de protección de datos ayudando a realizar las debidas correcciones y actualizaciones de la política de cookies, ya que su incumplimiento puede materializarse en sanciones económicas, como la que recientemente ha sido impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos a la aerolínea Iberia, multada con 30.000 €, debido al mal uso de las Cookies en su web.

Te ayudamos a resolver tus dudas sobre este tema, consúltanos

www.dataprotectplus.com

Si eres un profesional autónomo o tienes un pequeño negocio, es muy probable que hayas realizado alguna acción para captar o fidelizar clientes. Ya sea a través de técnicas digitales u offline. Sea como fuere, hay un factor que deberás tener muy presente: la protección de datos.

La ley es tajante al respecto; la protección de datos personales es un derecho fundamental, reglado en nuestra constitución. El organismo que vigila que se cumpla con las normas es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y el incumplimiento de las mismas acarreará duras sanciones económicas.

A este respecto, las sanciones que suele imponer la AEPD, las de mayor envergadura suelen recaer en grandes corporaciones o pymes con gran volumen de facturación, pero también existe un gran número de sanciones a pequeños empresarios, autónomos e incluso particulares.

En 2018, un procedimiento sancionador, impuso una multa de 2.000 euros a un particular que grabó desde la ventana de su casa una intervención policial que, posteriormente, compartió públicamente en redes sociales. La denuncia la propició un agente de la policía local, alegando que se habían captado y divulgado públicamente su imagen sin su consentimiento.

El caso más reciente, tuvo lugar el pasado año, con una multa a un profesional autónomo de 2.000 euros. Fue un fontanero que utilizó los datos de uno de sus clientes con finalidades distintas para los que fueron recabados. De este modo, el cliente alegó que había recibido a través de WhatsApp un contenido para nada relacionado con la prestación de los servicios de fontanería que había demandado.

Esto significa, que el autónomo debe vigilar y cumplir con precisión los cometidos para los que ha recabado los datos y no debe utilizarlos para cuestiones distintas al estar expuesto a sanciones.

Fuente: Cinco Días.

Las sanciones con el RGPD vendrán determinadas en función de los siguientes criterios:

• La infracción cometida
• El volumen de negocio del infractor
• El grado de intencionalidad y negligencia en la infracción
• El grado de responsabilidad del Responsable y/o Encargado del Tratamiento
• Si existe o no reincidencia
• Categoría de datos personales y el volumen de datos que se ha visto expuesto
• Si se ha notificado y colaborado con la autoridad de control
• La adhesión a Códigos de Conductas
• Otros factores tales como beneficios obtenidos, pérdidas evitadas…

Evadir los preceptos legales del RGPD puede suponer multas de hasta 20 millones de euros o 4% de la facturación global de la compañía.

Es de capital importancia que tu empresa cumpla con la ley para evitar cuantiosas multas y, en esta cuestión, podemos asesorarle para que su empresa esté protegida.

Data Protect Plus

La Subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce García, y el Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, Alfredo González, han aprobado este mes de septiembre una resolución conjunta con instrucciones en materia de protección de datos personales para el tratamiento de la información obtenida en las labores de rastreo del COVID-19.

En el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa del pasado 10 de septiembre, se delimitaron las responsabilidades en esta labor conjunta entre Sanidad y las Fuerzas Armadas y se especificaron las pautas para preservar la confidencialidad durante la gestión de los datos personales de los pacientes.

Las medidas estarán en conformidad con el Reglamento Europeo 

Para garantizar “la seguridad del tratamiento de los datos personales recabados” las medidas que necesiten tomar deben estar en conformidad con el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

En línea con las pautas recogidas en dicho fragmento del Reglamento Europeo, los rastreadores del ejército podrán asignar seudónimos a los pacientes y cifrar sus datos. Además, entre otras directrices, el mismo apartado recomienda poner en práctica “un proceso regular de verificación, evaluación y valoración de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas”.

El documento parlamentario también especifica que quien acceda a los datos personales, sea o no el encargado, debe tratar dichos datos siguiendo las instrucciones del responsable, que en este caso es el Ministerio de Sanidad. Así como el Boletín de Defensa igualmente estipula que los datos personales únicamente pueden tratarse “siguiendo las instrucciones documentadas del responsable”.

Esto se aplica a las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, a no ser que el Derecho de la Unión o la legislación nacional que se aplique impida el cumplimiento de esas instrucciones; en cuyo caso, “el encargado informará al responsable (Sanidad) de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público”.

En el caso de que haya errores, imprevistos o robos de datos, los rastreadores están obligados a notificar “las violaciones de seguridad al responsable, así como a las autoridades de protección de datos competente y, de ser necesario, a los interesados”.

Sanidad es el organismo responsable de las labores de rastreo

Puesto que Sanidad es el responsable, los rastreadores están obligados a poner a su disposición “toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas”. Pueden ser sometidos a auditorías, incluidas inspecciones, por parte del Ministerio o de otro auditor autorizado por este.

Además, los rastreadores deberán informar inmediatamente al Ministerio “si, en su opinión, una instrucción o actividad de tratamiento infringe las disposiciones en materia de protección de datos de la Unión o de la legislación nacional”.

Asimismo, si Sanidad así lo requiere, se “suprimirán o devolverán todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos”.

Por otra parte, las directrices de Defensa recuerdan medidas obvias para garantizar la seguridad de los datos personales como limitar su uso al rastreo del coronavirus (y no para otros fines), no trasladarlos a terceros o no recurrir a subcontrataciones.

Fuente: El Confidencial Digital

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto Ley que regulará el trabajo a distancia, una norma fruto del acuerdo del Diálogo Social, cuyo protagonismo se ha revelado esencial durante la crisis económica y social provocada por la pandemia de la Covid 19.

El Real Decreto Ley otorga a las personas trabajadoras a distancia los mismos derechos que las que ejercen sus actividades en los locales de la empresa y se fundamenta en la voluntariedad y el acuerdo de personas trabajadoras y personas empleadoras.

Se entenderá como trabajo a distancia regular aquel que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.

El Real Decreto Ley se basa en la “voluntariedad” para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia, que deberá formalizarse por escrito, registrarse en la oficina de empleo y entregarse a la representación legal de las personas trabajadoras.

A lo largo de la norma, el papel de la negociación colectiva se refuerza, con remisiones expresas tan importantes como la regulación del ejercicio de la reversibilidad (vuelta al trabajo presencial tras acordar el trabajo a distancia) por las partes, el derecho a la desconexión, la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral mediante este modelo organizativo, una duración máxima del trabajo a distancia, así como contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia.

Se regula, así mismo, el derecho al registro horario adecuado, que deberá incluir el momento de inicio y finalización de la jornada; y el derecho a la prevención de riesgos laborales, una evaluación de riesgos que deberá tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, en especial factores psicosociales, ergonómicos y organizativos.

La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos garantizará derecho a la intimidad y a la protección de datos, así como el derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo.

Implantar el teletrabajo en la empresa no es una cuestión que se realice rápidamente porque se deben valorar diferentes escenarios y configuraciones. Una implementación demasiado rápida del teletrabajo, sin respetar las recomendaciones de seguridad, puede suponer la apertura de la puerta de la empresa a los ciberdelincuentes o el vernos envueltos en una brecha de información accidental. Un incidente de seguridad ocasionado por habilitar el teletrabajo de una manera insegura puede provocar unas pérdidas económicas y reputacionales mucho peores que no permitirlo y dejar de trabajar unos días.

Desde Data Protect Plus os ayudamos a que vuestro teletrabajo sea seguro para que no haya problemas en el acceso a los sistemas de información de la empresa, qué tipos de dispositivos son más recomendables, qué herramientas colaborativas en la nube o qué tipo de precauciones tienes que tomar al realizar una videollamada.

El 80% de los españoles desconoce el uso que se hace de sus datos personales

La protección de datos y de los derechos de los usuarios en Internet sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Un reciente estudio apunta que solo el 30% de los españoles conoce el RGPD.

Más de cuatro años después de la entrada en vigor del RGPD, y más de dos después de su obligatoriedad para todos los estados miembro de la UE, en España sigue siendo una asignatura pendiente el conocimiento de este Reglamento y los derechos en protección de datos de los usuarios.

Un reciente estudio realizado por OpenText apunta que solo un 30% de los españoles conoce el RGPD. Sin embargo, un dato llamativo es que casi el 80% desconoce cuántas organizaciones usan, almacenan o acceden a sus datos personales.

Esto pone de manifiesto la falta de conocimiento acerca de la privacidad y del uso que se hace de los datos personales, así como de la legislación y la responsabilidad de su protección acorde a ese Reglamento. Sin duda, una cifra que hay que mejorar atendiendo que España se sitúa muy por detrás de la media europea. Y es que, en países como Reino Unido y Alemania se sitúa en un 50% y 41%, respectivamente.

Invertir más en seguridad

Otro de los datos relevantes de este estudio señala que un 39% de los españoles no confía en que terceras empresas puedan proteger sus datos de hackeos u otras ciberamenazas. No obstante, un 36% estaría dispuesto a pagar más para que se le garantizar la protección de su información.

La nota optimista es que más de la mitad de los usuarios españoles considera que sabe cómo proteger sus datos privados en aplicaciones, redes sociales y cuentas de correo electrónico. A pesar de esto, aún queda un largo camino en la concienciación de la seguridad y protección de los datos.

Desde Data Protect Plus siempre advertimos de la necesidad de tener protegidos los datos de tu empresa. Te ayudamos a conseguirlo.

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Un estudio de Finbold revela que España está a la cabeza en número de sanciones por incumplimiento del RGPD en 2020.

GDPR son las siglas del General Data Protection Regulation, o en español, el Reglamento General de Protección de Datos que también verás escrito como RGPD. Se trata de la nueva normativa de la Unión Europea que desde el 25 de mayo de 2018 es de obligada aplicación en todos los estados miembros.

La nueva normativa afecta a todas las empresas e instituciones que manejen y utilicen datos de cualquier persona física de la Unión Europea. El reglamento de protección de datos amplía el ámbito de su aplicación a empresas no europeas que tengan su residencia en cualquier parte del mundo, siempre que procesen datos de residentes de la UE. Es decir, la norma afecta por igual a una pequeña empresa española que a un gigante como Facebook o Google en cuanto al tratamiento de datos de personas físicas de la UE.

De forma muy resumida, podríamos indicar que el RGPD clasifica las infracciones en dos categorías (art. 83): las menos graves, que se sancionan con hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de facturación anual de la empresa (la más alta de las dos); y las más graves, que se sancionan con multas que pueden alcanzar hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación anual de la empresa (la más alta de las dos).

Con 76 multas y un importe total de 1.952.810 €, no hay otro Estado miembro que supere a España en el parámetro referente al número total de multas. Eso sí, también es cierto que, si atendemos a otras medidas, como por ejemplo el importe o valor total abonado por la suma de todas las multas asumidas por las personas físicas o jurídicas en un mismo país, España ocuparía la cuarta plaza. Países Bajos con 2.080.000 €, Suecia con 7.031.800 € e Italia con la singular cifra de 45.609.000 € en lo que llevamos de año, superan a España en cantidad.

Número de multas e importe por incumplir el RGPD en la UE

La cantidad a pagar por multas desde el 1 de enero hasta el 17 de agosto de 2020 en los países de la UE superó los 60 millones de dólares. El incumplimiento del RGPD más repetido fue la insuficiente base legal para procesar datos.

Para muchas empresas, pequeñas y autónomos, no es sencillo de cumplir este reglamento de protección de datos, pero es una normativa obligada para devolver el control de los datos a los usuarios. Por esta dificultad, desde Data Protect Plus, estamos preparados para resolver todas tus dudas y te ayudamos a implementar la protección de datos en tu empresa.

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