La Agencia de Protección de Datos está imponiendo multas a algunos autónomos que regentan hostales u otro tipo de alojamientos turísticos. La razón, no tratar los datos personales de los huéspedes de forma debida en sus en alojamientos turísticos.

Para que a los hoteleros por cuenta propia no incurran en una infracción de la protección de datos cuando lleven a cabo la obligación del registro documental, la página web especializada en información para profesionales del turismo, Hosteltur, recoge una guía sobre cómo cumplir con este requisito.

Según publican, los establecimientos de hospedaje turístico están obligados a llevar, por un lado, un libro-registro del establecimiento. “Es obligatorio para los establecimientos de hospedaje cumplimentar los partes de entrada de los viajeros y la llevanza de un Libro de Registro, impresos o digitales. El viajero deberá firmar dicho parte de manera inexcusable, pudiendo recogerse la firma en papel o en un soporte digital”. Y, por otro lado, también deberán comunicar a las fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil, etc.) el parte de entrada de viajeros, en el plazo de 24 horas desde que se produce la entrada del huésped y tener el libro-registro a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los datos que debe pedir un alojamiento turístico para el registro de clientes

Los datos personales en alojamientos turísticos facilitan en el ejercicio de la actividad de hospedaje y que deberán quedar guardados en el registro documental son los siguientes, tal y como recoge Hosteltur,:

1. Datos de la empresa arrendadora

• Nombre o razón social del titular.
• CIF o NIF.
• Municipio.
• Provincia.
• Teléfono fijo y/o móvil.
• Dirección de correo electrónico.
• Web de la empresa.
• Url para identificar el anuncio

2. Datos del establecimiento

• Tipo de establecimiento.
• Denominación.
• Dirección completa.
• Código postal.
• Localidad y provincia.

¿Que datos pedimos a los viajeros?

3. Datos de los viajeros

• Nombre.
• Primer apellido.
• Segundo apellido.
• Sexo.
• Número de documento de identidad.
• Número de soporte del documento.
• Tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE).
• Nacionalidad.
• Fecha de nacimiento.
• Lugar de residencia habitual.
• Dirección completa.
• Teléfono fijo.
• Teléfono móvil.
• Correo electrónico.
• Número de viajeros.
• Relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad).

Y finalmente la transacción, con datos personales

4. Datos de la transacción

a) Datos del contrato.

• Número de referencia.
• Fecha.
• Firmas.

b) Datos de la ejecución del contrato.

• Fecha y hora de entrada.
• Fecha y hora de salida.

c) Datos del inmueble.

• Dirección completa.
• Número de habitaciones.
• Conexión a Internet (si/no).

d) Datos del pago.

• Tipo (efectivo, tarjeta de crédito, plataforma de pago, transferencia…).
• Identificación del medio de pago: tipo de tarjeta y número, IBAN cuenta bancaria, solución de pago por móvil, otros.
• Titular del medio de pago.
• Fecha de caducidad de la tarjeta.
• Fecha del pago.

Fuente: Autónomos y emprendedor

CEO Data Protect Plus

Sylvia Fries

¿Necesitas ayuda para tu negocio? Entra aquí. Te ayudamos a cumplir con la normativa.

La app Radar COVID, destinada al rastreo digital de infecciones de coronavirus, fue fuente de polémicas desde el primer momento, cuando, en lo peor de la pandemia en 2020, el Gobierno encargó a Indra su desarrollo. Generó desconfianza entre la ciudadanía, evidenció la total descoordinación entre administraciones públicas, y rápidamente quedó claro que su utilidad era muy reducida: no había forma de notificar un positivo propio, o no se recibían las notificaciones de contactos de riesgo.

Finalmente, su desarrollo, mantenimiento y promoción nos salió a los españoles por 4,2 millones de euros. Dado que la app sólo fue capaz de registrar el 1% de los contagios de COVID que tuvieron lugar en nuestro país (121.390 positivos); de modo que, dividiendo su coste entre el número de casos que registró, cada uno de ellos terminó costando 35 euros.

La app no evitó muchos contagios, pero sí evitará pagar por sus infracciones del RGPD

Pero, aunque hace mes y medio supimos que el contrato de mantenimiento con Indra ya no iba a ser renovado, por lo que la app quedaba abandonada por la Administración, las consecuencias de la app no han abandonado a la Administración…

Y es que, hace unas horas, la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) publicaba (aquí el PDF) un expediente sancionador contra la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (el organismo gubernamental que firmó el contrato con Indra) por violar hasta 8 artículos del Reglamento General de Protección de Datos a causa Radar COVID.

La AEPD deja claro que, aun siendo consciente “de la situación extraordinaria y de emergencia” que generó la pandemia, y de que “el derecho a la protección de los datos personales, no puede ser un obstáculo en los avances tecnológicos para combatir la pandemia”, estos incumplimientos claros de la normativa siguen siendo motivo de sanción.

Dicha sanción, sin embargo, es meramente de ‘apercibimiento’, sin penalización económica alguna, pero eso no debe servir para valorar la gravedad de la acción del Gobierno: tan sólo es una consecuencia del hecho de que la Ley de Protección de Datos Personales y el RGPD no contemplan multas cuando el incumplimiento lo realiza una administración pública.

Sin evaluación de impacto hasta un mes después de su lanzamiento

Entre otros hechos, la resolución de la AEPD establece que la Secretaría de Estado de Digitalización reconoció, en sus alegaciones, que “para el proyecto piloto no se generó ningún documento de evaluación de impacto de protección de datos”. De hecho, dicha evaluación de impacto no estuvo disponible hasta el 22 de septiembre de 2020, tres meses después de comenzar el proyecto piloto, y más de un mes después del lanzamiento nacional de la aplicación:

“La SEDIA, que actuaba como responsable del tratamiento, debió haber elaborado una EIPD desde el inicio del desarrollo e implantación de la aplicación Radar COVID y, en todo caso, antes de que se produjera el tratamiento de los datos personales”.

Dicha evaluación debería haber sido realizada, a petición de la SEDIA, por el Delegado de Protección de Datos del Ministerio de Economía, al que —según rezan las alegaciones— no se consultó en un primer momento “por no ser un procedimiento de carácter obligatorio”. La AEPD contesta a eso que el artículo 35.2 del RGPD establece que la Secretaría de Estado sí estaba obligada a recabar el asesoramiento del DPD.

Vulnerabilidad conocida, pero no solventada medio año más tarde

La AEPD afirma, además, que “registró varias reclamaciones en las que se denunciaba una vulnerabilidad en el diseño de la aplicación“, que permitía, por ejemplo, asociar una IP con la subida de un test positivo, lo que excedía lo necesario para el funcionamiento de la app y permitía desanonimizar la información, y violaba la última versión de la política de privacidad de la propia Radar COVID.

Esta vulnerabilidad “ya era conocida por el equipo de desarrollo de Radar COVID, ya que figuraba al menos en un documento técnico publicado en abril de 2020“. Pese a ello, la app se lanzó a nivel nacional el 19 de agosto y el problema no se resolvió hasta el 8 de octubre:

“Aún siendo conscientes del riesgo, no integraron las garantías necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos y resiliencia de los sistemas”.

Fuente: GENBETA

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha pedido a un abuelo que retire de Facebook las fotos de su nieto en un tiempo máximo de 10 días. Todo apunta a una rencilla familiar entre la madre y el abuelo, con el trasfondo de la muerte del padre del menor y de la privacidad del niño en las redes sociales.

Este conflicto familiar se inicia en septiembre de 2021, cuando la madre del menor exigió a su abuelo paterno que «no quiere que su hijo aparezca en ninguna fotografía pública y que suprima las que ha publicado». Ante esta situación, el abuelo hizo caso omiso a la madre y ésta decidió dar un paso más y reclamar ante la AEPD.

Aun así, el procedimiento se inadmitió al «no apreciar indicios racionales de la existencia de una infracción en el ámbito competencial de la Agencia Española de Protección de Datos».

La insistencia de la madre continuó e interpuso un recurso donde argumentaba que el padre del menor había fallecido y que por lo tanto era ella la que ostentaba la exclusiva patria potestad sobre el menor. Examinado el citado recurso por la Agencia, esta vez sí resolvió estimándolo y procedió a la apertura del procedimiento.

Entonces en diciembre de 2021, desde la Agencia se requirió que presentara alegaciones a la parte reclamada (el abuelo), que señaló que obtuvo el consentimiento expreso verbal de su hijo para poder publicar las imágenes en la red social Facebook, y que la reclamante «tenía perfecto conocimiento de tal hecho» y «que durante varios años no opuso ninguna objeción a ello». El abuelo también argumentó que «lo cierto es que no tiene capacidad para revocar el consentimiento otorgado por mi hijo en su día, que sigue siendo perfectamente válido aun a pesar de su fallecimiento puesto que este no fue otorgado por un período determinado de tiempo».

La reclamante continuaba su litigio posteriormente y alegaba que no bastaba el consentimiento de uno solo de los cónyuges para que subieran fotos de su nieto en redes sociales y además de perfil público: «En el presente caso, no consta consentimiento de los titulares de la patria potestad, por lo que todas las publicaciones en las que aparezca mi hijo deben ser eliminadas inmediatamente».

La resolución final de la Agencia

Según la documentación obrante en el expediente, la Agencia acreditó que la madre del menor, quien ostenta la exclusiva patria potestad sobre el mismo, ha solicitado al reclamado que elimine todas las imágenes del menor publicadas en redes sociales y que éste se ha negado indicando que disponía del consentimiento del padre fallecido.

La Agencia ha teniendo en cuenta los artículos 154 y 156 del Código Civil, que disponen «en defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno de los padres, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el otro», y que la madre ostenta en exclusiva la patria potestad del menor, ha procedido a estimar la reclamación.

Aun así, desde la misma Agencia han emitido que si la pretensión de la reclamante es la protección de su derecho al honor y a la propia imagen, no son el órgano competente, por lo que deberá dirimirse y resolverse por las instancias correspondientes.

Finalmente, la Agencia insta al abuelo en que en el plazo de diez días hábiles, remita a la madre de su nieto una certificación en la que haga constar que ha atendido el derecho de supresión solicitado. También, la AEPD ha advertido que el incumplimiento de esta resolución podría comportar la comisión de la infracción considerada en el artículo 72.1.m de la LOPDGDD, que se sancionará, de acuerdo con el art. 58.2 del RGPD.

Fuente: ABC

Fuente: AdslZone

La denuncia de irregularidades o ‘whistleblowing’ se produce cuando una persona informa de una infracción, mala conducta, discriminación o similares en una organización. Esta persona suele ser un empleado, pero también puede ser un tercero, como un proveedor o un cliente.

¿Qué es el Whistleblowing?

Varios escándalos y sucesos recientes han mostrado la importancia de la denuncia de irregularidades para evitarlos o poder tomar las medidas rectificatorias correspondientes para minimizar el impacto en la organización y su entorno. Así, por ejemplo, la crisis financiera mundial de 2007-2008 puso de manifiesto la mala gestión empresarial generalizada en las instituciones financieras, y destapó, entre otros, el escándalo del ‘Dieselgate’ de Volkswagen en 2015. Ambos casos costaron a las empresas miles de millones de dólares y se consideran exactamente el tipo de incidentes que podían haber sido evitados si dichas instituciones hubieran dispuesto de políticas y canales internos de denuncia eficaces.

La Ley Whistleblowing, que regula el Canal de Denuncias, entró en vigor el 17 de diciembre 2021 y es obligatoria para todas aquellas empresas de más de 50 trabajadores. Esta ley es vinculante para España y el resto de países de la Unión Europea y regula el Canal de Denuncias (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión o lo que es lo mismo la Ley Whistleblowing, más conocido en España como el Canal Denuncias.

Según marca esta directiva, debe ser un instrumento de la empresa puesto a disposición de todas sus partes interesadas, con el fin de poder denunciar o revelar posibles infracciones o conductas irregulares que se puedan estar cometiendo en el seno de esta. Además, debe ser confidencial y garantizarse su accesibilidad y visibilidad. Asimismo, las compañías también deben garantizar todos los derechos que asisten a las partes implicadas.

¿Qué dice la nueva ley de Whistleblowing?

La nueva legislación incorpora muchas novedades; como la desaparición de la palabra ‘denunciante’ por ‘informante’; la obligación de adoptar medidas de protección ante posibles represalias (también es posible denunciar de forma anónima). Para garantizar la confidencialidad de las identidades de los alertadores, las autoridades de protección de datos recomiendan el uso de canales de denuncia que permitan la presentación de informes de manera anónima. Esto se debe a que, si una denuncia es anónima, el acusado solo tiene que ser informado de que se ha recibido una denuncia (anónima) sobre él o ella. La identidad del alertador sigue estando protegida.

¿Quién debe implementar las medidas de la ley Whistleblowing?

Esto significa que las empresas de más de 50 personas trabajadoras, públicas y privadas, tendrán la obligación de implantar este sistema de denuncias, no solo las que tenían obligación actualmente: empresas con sistema de prevención de delitos, riesgos penales y antisoborno y las obligadas en materia de detección de blanqueo de capitales. Si bien las empresas de entre 50 y 249 personas trabajadoras dispondrán de un período transitorio de dos años para ello, hasta el 17 de diciembre de 2023.

Es decir, ahora el cumplimiento es vinculante según los siguientes criterios:

• Empresas de más de 250 empleados y sector público.
• Empresas de entre 50 a 249 empleados tendrán margen de implantación hasta el 17 de diciembre de 2023
• Empresas con un volumen de negocio anual igual o superior a 10 millones de euros.
• Empresas que operen en el sector salud pública y/o medioambiental
• Sujetos obligados por la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La ley Whistleblowing estará sometida al estricto cumplimiento del RGPD y de la LOPDGDD, así en todo lo relativo a la legislación de protección de datos de naturaleza penal. De este modo, deberán establecerse las bases legitimadoras de los tratamientos realizados, además de cumplir con obligaciones adicionales, entre las que destacan:

1. La designación de la figura del responsable del Sistema de Información.
2. La creación de políticas y procedimientos documentados para la gestión de denuncias y la confidencialidad de la información (ejercicio de derechos, protección del informante…).
3. La obligatoriedad de contar con un Delegado de Protección de Datos DPO / DPD (las empresas de más de 50 trabajadores deberán contar, pues, con esta figura).
4. El establecimiento de un plazo máximo de conservación de diez años.

Las sanciones, además, son muy duras en caso de incumplimiento (hasta 1.000.000 €):

• 50.000 € por impedir o dificultar el seguimiento de la denuncia; por no cumplir con el derecho de confidencialidad, o por practicar represalias.
• 25.000 € por no disponer de un canal de denuncia interno.

Asesórate con nosotros sobre Whistleblowing ¡Contáctanos!

La FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, antigua Fundación Tripartita) lleva desde 2010 vigilando de cerca a las empresas que se dedican a ofrecer la implantación de Protección de Datos a “coste cero” mediante subvenciones para la formación en el trabajo, a través de las cuales financian estos servicios con cargo a los créditos asignados para la formación bonificada.

El procedimiento que utilizan estas empresas fraudulentas consiste en llamar a las empresas pidiendo por el responsable para alertarlo sobre las posibles multas que comporta el incumplimiento del RGPD. A continuación, le ofrecen cursos a cargo de estos fondos y le obsequian con una presunta consultoría en Protección de Datos, que suele ser incompleta o inexistente. Sin embargo, la empresa víctima del fraude no sabe que en realidad están solicitando crédito a la FUNDAE para destinarlo a una formación que no aprovechará.

Ejemplo de conversación telefónica:

1. Buenos días, nos ha notificado la oficina de la Seguridad Social de que su empresa no está registrada en la Protección de Datos.
2. ¿Perdón, quién le ha notificado qué?
3. Su empresa no tiene hecha la Protección de Datos, según la Seguridad Social.
4. Ahh, pues, no entiendo lo que tiene que ver la Seguridad Social con esto, ni que exista registro.
5. Si, su CIF nos ha salido como pendiente de registro.
6. Oiga, Señorita, la Seguridad Social no tiene nada que ver con la Protección de Datos, ni existe registro para ello. Por lo tanto, ruego que eliminen nuestros datos de contacto y se abstengan a difundir mentiras. Me quedo con su número y el nombre de su empresa, porque en caso contrario nos veremos obligados a denunciar estos hechos.

Fraude sobre implantación de LOPD a través de la FUNDAE

¿Te ha pasado algo parecido? No existe relación entre la Protección de Datos de una organización y la Seguridad Social, ni existe ningún registro para ello. Es una de las muchas tácticas malintencionadas que usan algunas empresas para vender sus cursos de Protección de Datos a través de la FUNDAE.

Notificación de la FUNDAE por peligro de fraude sobre LOPD

Según puedes ver en este enlace:

https://www.fundae.es/actualidad/noticias/detallenoticia/2019/10/03/utilizaci%C3%B3n-de-bonificaciones-para-lopd—nota-informativa

no se pueden usar los créditos de formación para un servicio de la empresa. Los asesores laborales pueden confirmar que han tenido que lidiar con las devoluciones del crédito y multas debido al mal uso de la bonificación. Es una práctica todavía muy común pero no lícita.

Además, un curso de protección de datos no sustituye el principio de la responsabilidad proactiva para proteger los datos de forma permanente. En otras palabras, implica que si se quiere evitar sanciones económicas hay que cumplir con este principio, ya que no bastará con limitarse a cumplir la normativa. Es necesario demostrar que se están adoptando acciones para prevenir cualquier riesgo. La propia página de la Agencia esgrime una serie de pasos que podrían servir como ejemplos de que se está procediendo de forma diligente.

Consecuencias

Las empresas que contraten servicios de adecuación a la ley de protección de datos o al reglamento general de protección de datos o cualquier otro servicio similar con cargo a las bonificaciones de formación para empleados, estarán realizando un fraude a contra la Seguridad Social y contra la Agencia Tributaria.

• Multa de más de 180.000 euros por fraude a la Seguridad Social
• Multa de la Agencia Tributaria por fraude en el pago de IVA
• Devolución de las bonificaciones “ahorradas”
• Riesgo de un trabajo estándar que no cubra necesidades concretas

No contrates servicios de adecuación gratuitos, a ‘coste cero’ o ‘bonificados’ por subvenciones por fondos a la formación.

Hay que evitar dejarse seducir por falsos profesionales que ofrecen estos servicios y que están perjudicando a profesionales como los de Data Protect Plus que realizamos un trabajo honesto para que nuestros clientes reciban un asesoramiento de calidad. La reputación de su negocio está en juego.

¿Qué es una auditoría RGPD?

La auditoría RGPD evalúa el tratamiento de datos de carácter personal que gestiona la organización, quiénes son los responsables de su tratamiento y para qué finalidad se recogen los datos.

La realización de la auditoría facilita la adaptación de la organización al RGPD, ya que gracias a ella se conoce en profundidad el carácter de los datos que se gestionan y su adecuado tratamiento y las medidas de seguridad que se deben de implementar.

Las empresas y organizaciones son ahora las que deben diseñar y evaluar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento teniendo en cuenta la actual normativa, según el principio de “accountability” (o de responsabilidad proactiva) lo que se traduce en la asunción directa de responsabilidad por parte de las organizaciones en el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de protección de datos y en su capacidad para demostrar dicho cumplimiento.

¿Para qué se realiza una auditoría RGPD?

Con la auditoría se puede comprobar el nivel de seguridad de la organización para adecuar el nivel de seguridad para los datos personales que gestiona.

Toda la información recogida en la auditoría se entrega en un informe, que es el documento que indica las medidas de seguridad a adoptar para cumplir con la normativa.  También recoge los puntos débiles de la organización y las mejoras que se deben implementar.

El informe también recoge cómo preparar a los trabajadores en materia de protección de datos o la necesidad de designar un delegado de protección de datos.

En resumen, los objetivos de la auditoría de Protección de Datos son: 

1. Verificar las medidas de seguridad.
2. Constatar posibles deficiencias en el tratamiento de datos personales y establecer acciones correctoras.
3. Indicar recomendaciones de mejora sobre las propias medidas de seguridad, en un proceso de mejora continua y actitud proactiva.
4. Estudiar en detalle flujos de datos personaleso procedimientos internos en los que la RGPD tiene un especial impacto, para ajustarlos a la normativa.
5. Concienciar y preparar al personal sobre el correcto tratamiento de datos personales, asegurando de esta forma la protección y los derechos de los afectados.

El RGPD, aunque no regula expresamente las auditorías en Protección de Datos, se refiere a ellas en varios de sus artículos, entre otros, en el art. 24.1 en el que se establece la obligación del responsable de revisar las medidas técnicas y organizativas implantadas a fin de poder demostrar que el tratamiento es conforme con el RGPD o en el art. 32.1 d) en el que se establece la necesidad de realizar un proceso de verificación y evaluación regular de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas con la finalidad de garantizar la seguridad del tratamiento.

¿Es obligatorio realizar una auditoría RGPD?

La realización de una auditoría RGPD en sí no es obligatoria. No obstante, para analizar qué nivel de seguridad presenta nuestra organización y si el mismo es o no suficiente, es necesario realizar una auditoría exhaustiva.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, resulta esencial disponer de evidencias que acrediten el cumplimiento que, generalmente, requerirán documentar de forma adecuada todas las medidas implementadas con la finalidad de poder demostrarlo, lo que conlleva la realización de controles periódicos y auditorías.

En España, actualmente, existe la obligación de que las empresas con un nivel medio de seguridad realicen una auditoría, al menos cada dos años.

Sanciones

Las sanciones podrán producirse cuando se detecte alguna fuga de datos de carácter personal, entre otros motivos, y la falta de medidas de seguridad, directamente vinculado al incumplimiento de la normativa RGPD.

Puedes asesorarte con nosotros sobre la correcta protección de tus datos

Contacta con Data Protect Plus, para toda información sobre protección de datos, en el teléfono 965 038 463 o en nuestra web

1. Usa contraseñas largas y cámbialas cada 3 meses

Se aconseja utilizar passwords de una longitud de al menos 10 caracteres y que combine letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales y, además, cambiarlas al menos cada 3 meses.

2. Evita guardar contraseñas en el navegador

Hay navegadores que ofrecen la posibilidad de recordar la contraseña para acceder a determinados servicios y esto hay que evitarlo porque pueden ser objeto de ataques para sustraer todas tus cuentas, llevándose las cookies de navegación y obteniendo así las contraseñas.

3. Utiliza un gestor de contraseñas

Un error muy frecuente es utilizar la misma contraseña para acceder a diferentes servicios y aplicaciones por ello se recomienda utilizar un gestor de contraseñas, de este modo se pueden guardar diferentes passwords teniendo una contraseña maestra.

4. Implementa un doble factor de autenticación

Además de una contraseña larga y compleja, lo ideal sería implementar un doble factor de autenticación en tus redes sociales, servicios bancarios y servicios como WhatsApp.

Se trata de un sistema que verificación en dos pasos que ofrecen muchos servicios digitales hoy en día, como medida de seguridad extra.

5. Cuida tu privacidad

Hay que cuidar en redes sociales qué cosas deben ser públicas o privadas, evitar publicar datos personales como teléfono o dirección e incluso datos como la edad o la fecha de cumpleaños.

6. Mantente escéptico, en la red no todos son quienes dicen

Siempre hay que estar alerta como usuario, desconfiando del destinatario o emisor de la información pues los ciberdelincuentes engañan a sus víctimas con identidades falsas.

Además, hay que evitar visitar links desde correos que pueden llevar a webs falsas e inseguras que pueden hacer que entre software malicioso en tus dispositivos.

7. Evita conectarte a redes wifi abiertas

Estas redes que se ofrecen en lugares públicos como centros comerciales, bibliotecas o aeropuertos hay que evitarlas porque no sabemos si los ciberdelincuentes están detrás de ellas; en el momento que te conectas, un tercero ya puede acceder a tu dispositivo. Mucho cuidado.

8. Usa tus datos o una VPN para navegar seguro

Si no puedes conectarte a una red segura, es mejor que utilices los datos de tu dispositivo para evitar exponerte a posibles problemas de seguridad compartiendo dichos datos con tu ordenador u otro dispositivo que lo necesite.

Otra opción es a través de una conexión VPN (Virtual Private Network), un servicio que ofrece la posibilidad de una navegación segura, de este modo, evitarás que cualquier pueda acceder a tu navegación.

9. Actualiza tu software y no uses antivirus gratuitos

Es muy importante que tus equipos estén actualizados con las últimas actualizaciones de seguridad y evitar los antivirus gratuitos que pueden enviarte malware encubierto.

10. Guarda tu información personal en la nube

Ante el riesgo de robo de información por ciberdelincuentes para extorsionar, secuestrar o suplantar tu identidad digital, es importante guardar la información en un almacenamiento seguro en la nube. Tanto Google como One Drive son opciones seguras para tu información.

Puedes asesorarte con nosotros sobre la correcta protección de tus datos

Contacta con Data Protect Plus, para toda información sobre protección de datos, en el teléfono 965 038 463 o en nuestra web

Fuente: Tec.mx