La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el procedimiento sancionador número 00378/2019, abierto por infracción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), sanciona con 15.000 euros a una comunidad de propietarios formada por 215 vecinos, uno de ellos planteó denuncia ante este regulador al aparecer los datos personales de todos los afectados en un acta publicada en el ascensor del inmueble.

El documento era especialmente importante, ya que en él se acordaba el inicio de acciones judiciales contra una serie de vecinos de la comunidad por obras ilegales.

Protección de Datos indica en su resolución que la comunidad ha vulnerado el artículo 5.1 f) del RGPD, que rige los principios de integridad y confidencialidad de los datos personales, así como la responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento de demostrar su cumplimiento.

El regulador español establece la sanción máxima en este sentido con los agravantes que vienen definidos como acción negligente no intencional, pero significativa (artículo 83.2 b del propio RGPD y además se encuentran afectados identificadores personales básicos, según el artículo83.2g del citado reglamento.

Para Francisco Javier Sempere, abogado experto en protección de datos, hace un análisis previo de la cuestión “a efectos de la aplicación de la normativa de protección de datos, en aquellas comunidades de propietarios en las que exista la figura del administrador de fincas, debemos tener claro quién es quién».

“La comunidad de propietarios actuará como responsable de los tratamientos de datos personales y el administrador de fincas como encargado de tratamiento”, comenta.

No obstante, desde su punto de vista, “el administrador de fincas es algo más que un encargado de tratamiento al uso, por lo cual y aunque todavía no se ha abierto el debate al respecto, podría estudiarse si estamos ante la figura de la corresponsabilidad que regula de forma detallada el artículo 26 del RGPD”.

En cuanto a los tratamientos de datos que tienen lugar en las comunidades de propietarios, «podemos distinguir, al menos, los siguientes: los derivados de la propia gestión de la comunidad (datos de propietarios, actas, facturas para mantener la comunidad, etc.); videovigilancia, en caso de que haya sido instalada por la comunidad, que únicamente puede instalarse en las zonas comunes, con la posibilidad de que también se instale en la piscina comunitaria».

Asimismo, agrega, «en el caso de que exista personal contratado de portería la documentación generada (datos de esta persona, nómina, etc.) y también cabría la posibilidad de que exista otro encargado de tratamiento si la videovigilancia la controla una empresa externa«.

Sempere reconoce que “se trata de un sector sobre el que se han planteado múltiples cuestiones sobre protección de datos como, por ejemplo, si los propietarios pueden acceder a la documentación obrante en la Comunidad, si se puede facilitar el móvil de un propietario a otro para ponerse en contacto, o quien puede acceder a las imágenes grabadas en caso de que se haya producido algún incidente, como podría ser comprobar quién ha roto el cristal de la entrada del portal”.

Pues bien, para ayudar a este sector, la Agencia Española de Protección de Datos publicó la Guía Protección de Datos y Administradores de Fincas, y en su sede electrónica, en la relación de ‘preguntas frecuentes’, existe un apartado dedicado a las comunidades de propietarios.

El ascensor no es el canal

Por su parte, Víctor Salgado, socio de Pintos & Salgado Abogados, despacho especializado en derecho informático y privacidad desde 1997, explica que la AEPD ya ha superado el plazo de gracia a nivel de sanciones. Y estas resoluciones tienen una entidad económica importante.

“Para una Comunidad de Propietarios sorprende una cuantía de 15.000 euros, es una sanción bastante importante. No es menos la infracción. Hablamos de una muy grave porque vulnera, o eso entiende la AEPD, uno de los principios básicos del RGPD de integridad y confidencialidad de la información”.

Salgado recuerda que “esos datos publicados podían ser accesibles por personas que no fueran propietarios o inquilinos del propio edificio. El asunto está en cómo han dado publicidad a los datos fuera del tablón de anuncios”.

La Ley de Propiedad Horizontal deja publicar en el tablón si no se ha conseguido la notificación personal y eso queda acreditado, “según se expone en la resolución sancionadora, dicha acreditación en este caso no se ha producido y se buscó un método expeditivo. Esto es lo que se ha hecho a costa de conculcar derechos fundamentales de las personas”.

Para este jurista, “colocar en el ascensor no es habitual este tipo de situaciones. Debe ser un lugar restringido para los propietarios. Al mismo tiempo, en otras ocasiones cuando se da publicidad notoria se puede optar por no incluir toda la información personal”.

“No es necesario que figuren los nombres y apellidos de los propietarios, bastaría el piso para seudonimizar la información de los propietarios, sin necesidad de incluir esos datos personales, tal y como aparentemente se hizo, pero a posteriri, según se detalla en la resolución sancionadora. Si aquél fuera el caso la sanción no hubiera sido tan contundente y hubiera sido inferior”.

En el caso de las deudas en la comunidad de propietarios se suele hacer así, con el número de finca sin apuntar con el dedo y con los datos personales de las personas deudoras.

“En este caso, hablamos de emprender de acciones judiciales por el tema de obras, es un caso similar, que la AEPD lo ha tomado en cuenta a la hora sancionar a este respecto”.

Desestimado el recurso de reposición ante la AEPD, la comunidad de propietarios tiene la posibilidad, salvo pedir una suspensión cautelar, de recurrir a la Audiencia Nacional. Hay también la opción de pagar en el plazo con lo cual habría una reducción de la sanción económica y pagar un porcentaje de reducción.

Salgado recuerda que “las comunidades de propietarios no tienen personalidad jurídica propia. Es un problema a nivel de protección de datos. Sin embargo, para la AEPD este colectivo puede ser responsable del tratamiento de forma atípica. Para que sea tal debería tener personalidad jurídica o individual que no tiene”.

En este caso no tiene personalidad jurídica propia, tiene un CIF a efectos fiscales pero a efectos jurídicos no es una entidad, “por tanto en esa comunidad de bienes se podría repercutir esa sanción en los distintos propietarios de forma solidaria si fuera insolvente”.

También aclara que en caso de insolvencia “se podría ir, incluso, contra el patrimonio físico de cada uno de los propietarios, llegado el caso”.

Respecto al recurso ante la Audiencia Nacional, indica que “estamos hablando de meses a nivel de resolución. La Audiencia podría llegar a inadmitir si no se cumplen los requisitos o solicitar documentación adicional”.

Fuente: Confilegal

El consistorio de Yecla deberá pagar una sanción por mostrar parte de un informe médico del reclamante

La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto un expediente de sanción contra el Ayuntamiento de Yecla (PP) por publicar los datos personales de uno de sus vecinos en la página web municipal. El demandante consideraba que la publicación de parte de su expediente médico en el portal público, entre otros muchos datos, vulneraba sus derechos a la privacidad. Finalmente la AEPD le ha dado la razón tras dos años de litigio.

Los hechos se remontan a diciembre de 2019, cuando el perjudicado denunció ante la agencia que la Junta de Gobierno Local había publicado sus datos personales, incumpliéndose los preceptos legales aplicables sobre el tratamiento y custodia de los datos personales en distintos ficheros. El demandante ejerció entonces su derecho de oposición a la publicación de sus datos personales en la web de la Junta de Gobierno Local. Meses después, aporta aún más documentación, con la que argumentó que el Ayuntamiento había publicado parte de un informe médico con sus datos personales, tanto en el tablón de anuncios de la página web del consistorio como en el portal de transparencia.

Durante el verano de 2020, el Ayuntamiento de Yecla trató de defenderse al justificar que los datos ya habían sido eliminados de la web pública. “Como puede comprobarse en la página web municipal, desde el pasado 29 de julio de 2020, los datos personales de D. A.A.A. ya no constan en ninguna de las actas de la Junta de Gobierno publicadas en el portal de transparencia municipal”.

A principios de 2021, la AEPD realizó la propuesta de sanción, aún sin ser definitiva. El Ayuntamiento aseguró que habían tratado de atender el requerimiento de la agencia. “Se cometieron algunos errores en el borrado de enlaces, permaneciendo activos los que habían quedado archivados en el servidor de la página web municipal, cosa de la que no se era consciente hasta que el Sr. Instructor del procedimiento sancionador ha remitido el expediente al Ayuntamiento, y se han podido conocer los enlaces que el interesado citaba en sus escritos de 30 de agosto y 5 de septiembre de 2020”, explicaron desde el consistorio. La justificación no fue suficiente para la Agencia, que finalmente ha ratificado el procedimiento contra el consistorio gobernado por Marcos Ortuño desde 2011.

Fuente: El Confidencial

La sanción es de 15 millones de euros, a la que se suman 89.000 euros diarios hasta que el Gobierno español se adapte a la directiva comunitaria

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha condenado este jueves a España a pagar 15 millones de euros por no haber transpuesto la directiva sobre protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales, ni haber comunicado las medidas de transposición. La Directiva de Protección de Datos Personales es una ley europea que se remitió por escrito, pero España no ha cumplido.

Además, España también tendrá que pagar una multa coercitiva de 89.000 euros por cada día de retraso que se prolongue el incumplimiento desde el 25 de febrero.

La Carta de Derechos Fundamentales de la UE establece que los ciudadanos de la Unión tienen derecho a que se protejan sus datos personales. Más del 90% de los europeos quieren tener el mismo derecho a la protección de sus datos en toda la UE, con independencia del lugar donde se realice su tratamiento. El Reglamento de la UE fortalece los derechos fundamentales de las personas en la era digital y facilita la actividad económica, además de la existencia de una norma única, que pone fin a la fragmentación en distintos sistemas nacionales y a las cargas administrativas innecesarias.

La normativa comunitaria entró en vigor el 24 de mayo de 2016 y se aplica desde el 25 de mayo de 2018. Meses después, las autoridades españolas no habían informado sobre la transposición de la directiva, por lo que Bruselas abrió un procedimiento de infracción.

En marzo de 2019, España indicó que el procedimiento estaba en curso y debía finalizarse en marzo de 2020. Pero en ese momento, se indicó un retraso debido “al contexto político particular”. Sin Embargo, todavía no tiene la directiva europea transpuesta al marco nacional, por lo que el Tribunal de Justicia Europea de la UE ha decidido actuar.

Protección de datos en la UE

La directiva de la UE defiende la protección del tratamiento de datos personales por parte de las autoridades para fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos.

También, protege el derecho fundamental de los ciudadanos a la protección de sus datos cuando los utilicen las autoridades policiales y judiciales a efectos de aplicación de la ley. Por último, garantiza que se protejan adecuadamente los datos personales de víctimas, testigos y sospechosos de delitos, además de facilitar la cooperación transfronteriza en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

Fuente: Mirada 21

Los niños deben aprender a manejarse de manera adecuada con Internet, una práctica que también incluye el tema del manejo de datos. Cuanto antes se les haga tomar conciencia de esto, mucho mejor.

La iniciativa “Schau hin” (Fíjate bien) advierte que los menores frecuentemente no son capaces de evaluar los datos personales que exponen en Internet y que, por ello, no saben qué consecuencias puede acarrear este descuido.

La iniciativa recomienda a los padres explicar el tema de la protección de datos de forma adecuada con ejemplos ilustrativos, por ejemplo, como si se tratase de un juego de detectives en el que los espías se dedican a robar y vender datos.

“Schau hin” añade que la comparación con un espacio de anuncios publicitarios en el que nadie colgaría sus fotos o cartas privadas también puede ser de utilidad.

CREAR JUNTOS LOS PERFILES

Antes de la instalación y la utilización de aplicaciones u ofertas web, los padres deben mirar con detenimiento las condiciones generales del contrato y las normas de protección de datos y activar, desde un inicio, posibles barreras para la protección de la esfera privada.

Los expertos puntualizan que la descarga, el registro y la instalación de cuentas son precisamente un asunto que concierne a los padres en el caso de los hijos que están dando sus primeros pasos como internautas.

Al crear juntos los perfiles, se recomienda facilitar la menor cantidad posible de información privada, por ejemplo, en el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico.

Al mismo tiempo, deben establecerse reglas claras y vinculantes para una navegación segura, un aspecto en el que también debe considerarse la elección de contraseñas seguras.

Una contraseña adecuada debe estar compuesta por letras mayúsculas y minúsculas, cifras y caracteres especiales e incluir al menos ocho caracteres. Una frase pegadiza o una regla mnemotécnica pueden ayudar a recordar una contraseña.

Fuente: Infobae

La Consellería de Participación y Transparencia ha iniciado la elaboración de un decreto para mejorar la regulación de los datos personales y garantizar la privacidad de los mismos en el ámbito de la Generalitat y su sector público, una adaptación normativa que viene impuesta por la Unión Europea desde abril de 2016, año en el que el Parlamento Europeo aprobó un nuevo marco jurídico obligatorio sobre protección de datos y que obliga a todas las administraciones, incluidas las autonómicas.

El reto al que se enfrenta el Consell y, en particular el departamento de Transparencia, es enorme ya que la Generalitat maneja cientos de miles de datos personales. Se estima que en manos de las conselleries hay medio millar de ficheros que contienen datos de carácter personal, información sensible que incluye también toda la relacionada con el sector de educación (alumnado de todos los niveles educativos) y sanitario (historias clínicas, datos sobre pruebas PCR, etc.).

La normativa europea de 2016 y, dos años después, la ley orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales conlleva una serie de obligaciones para la Generalitat en todo lo relativo a los derechos que tiene la ciudadanía respecto al tratamiento de sus datos, incluido el derecho a su acceso, rectificación o supresión.

El Botànic no parte de cero en este terreno, pero su normativa se ha quedado desfasada. De hecho, el decreto que establece la organización de la seguridad de la información de las conselleries y sus entes públicos se remontan a nueve años atrás, en concreto a 2012, por lo que es necesario un cambio profundo, una nueva política general de protección de datos para cumplir las exigencias. En 2018, el Consell asignó estas competencias a la Consellería de Transparencia y ese año se cumplió con una de las demandas claves, la creación de una Delegación de Protección de Datos, una suerte de oficina con personal funcionario especializado que se encarga de velar por los derechos digitales y que asesora al resto de departamentos y entidades públicas.

El objetivo ahora es aprobar esa nueva política general y una estructura administrativa y asignación de funciones que permita gestionar adecuadamente la privacidad de los datos.

Proteger derechos fundamentales

Fuentes de la Consellería de Participación y Transparencia admiten la importancia de esta nueva regulación para proteger derechos fundamentales en un momento en que los datos personales se han convertido en el oscuro objeto de deseo de muchas empresas y cuando podría hablarse una nueva economía basada precisamente en el manejo de esta información personal.

Uno de los objetivos es establecer protocolos claros y uniformes en todas las conselleries a la hora de afrontar las reclamaciones de las personas interesadas. Los derechos son muy amplios, aunque ciertamente aún desconocidos por la gran mayoría ya que cualquier persona que haya cedido sus datos personales puede reclamar acceder a ellos, rectificarlos, suprimirlos, limitar su uso e incluso exigir ciertas condiciones respecto a su portabilidad. Incluso a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.

Fuente: Levante

La Agencia impone una sanción de 2.700 euros a la cadena de perfumerías por seguir remitiendo correos con sus promociones

Existen muchos errores que se cometen y que vulneran la seguridad de información personal por lo que es muy importante que evites esta relación que hemos recopilado en tu día a día:

1. Conectarse a redes WiFi abiertas o públicas. Hay que evitar conectarse a redes que no son propias o evitar entrar a páginas en las cuales se tengan que proporcionar información personal. Hay navegadores web que tienen la función de “modo incógnito” que te ofrecerá más seguridad ya que el navegador no recordará tus contraseñas, cookies ni historial de búsquedas.
2. No cerrar las sesiones al finalizar el uso de diferentes redes sociales. Evita dejar abiertas las sesiones y minimiza el riesgo de comprometer la información personal. Además de siempre configurar las redes sociales con las opciones que brinden el máximo nivel de privacidad posible.
3. Colocar contraseñas repetidas para diferentes servicios (correo, redes sociales, banca electrónica, etc.). Coloca contraseñas seguras y diferentes para cada servicio que tengas,intenta que cuenten con más de diez caracteres, símbolos y que no contengan palabras del diccionario.
4. Conectarse a sitios web inseguros que empiecen por HTTP. Procura conectarte solo a sitios web que empiecen por HTTPS.
5. Descargar y ejecutar archivos adjuntos de correos electrónicos desconocidos. Si recibes un correo de una persona o empresa a la cual no le has compartido tu dirección de email, ni lo abras, mandalo directo a spam y bloquea esa cuenta.

Tus dudas sobre protección de datos podemos resolverlas, confía en Data Protect Plus.

www.dataprotectplus.com

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, un texto que incluye sanciones de hasta 240.000 euros en caso de infracción.

La ley conjuga el doble objetivo de favorecer la ineludible cooperación internacional policial y judicial europea en este campo con la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, en especial del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución”, según ha destacado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y consta en la referencia del Consejo de Ministros.

El Gobierno ha remitido el proyecto a las Cortes Generales, a las que solicita que su tramitación parlamentaria se realice por el procedimiento de urgencia previsto en los artículos 93.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 133.1 del Reglamento del Senado.

El proyecto de ley incluye un régimen sancionador específico para quienes incumplan sus preceptos, que podrán incurrir en infracciones de distinto grado para las que quedan fijadas sanciones que oscilan entre los 6.000 y los 240.000 euros. Cuando presentó el anteproyecto de ley, el Ejecutivo defendió la necesidad de crear un marco regulador nacional en lo que respecta al tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes, principalmente policiales, fiscales y judiciales, en la prevención, persecución y enjuiciamiento de delitos.

TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVA EUROPEA

El Proyecto de Ley consta de 61 artículos estructurados en ocho capítulos, dos disposiciones adicionales y once disposiciones finales, que transponen la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. La norma se encuadra dentro del “paquete de protección de datos” impulsado por la Comisión Europea y cuyo objetivo es la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y su libre circulación.

“Dado el retraso acumulado”, ha destacado el Gobierno, “cuando el Consejo de Ministros examinó el anteproyecto en primera vuelta, el 10 de marzo de 2020, acordó su tramitación administrativa urgente, lo que ha permitido recabar con premura los preceptivos informes”.

Estos informes han sido remitidos por los ministerios de Justicia, Hacienda, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Política Territorial y Función Pública, Defensa, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Asuntos Sociales y Agenda 2030 y Trabajo y Economía Social.

También han informado el proyecto el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de Protección de Datos, los departamentos de Seguridad Pública del Gobierno Vasco y de Interior de la Generalidad de Cataluña, las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

En diciembre de 2019 conocíamos el primer caso de COVID-19 en Wuhan. Al poco tiempo, los laboratorios de todo el mundo empezaron una carrera para investigar y desarrollar una vacuna contra este virus y, a finales del año pasado, algunos países ya empezaron a vacunar. Aquí en España, la primera vacuna se suministró el domingo 27 de diciembre de 2020.

Sin embargo, la aparición de este fármaco entraña numerosas dudas legales, algunas relacionadas con la vacuna y la protección de datos: ¿estamos obligados a vacunarnos?, ¿pueden despedirnos si decidimos no vacunarnos?, ¿pueden utilizar este dato como criterio para el acceso a eventos privados? Son algunas de las cuestiones planteadas más frecuentes, pero no las únicas; a continuación, daremos respuesta a las más habituales.

¿Es obligatorio vacunarse?

No, como sucede con el resto de vacunas en España, es voluntaria y no obligatoria. Aun así, existen herramientas para obligar a la vacunación, como es el caso de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Este precepto legal habilita a la autoridad sanitaria para que, “en caso de enfermedades transmisibles, realice las acciones preventivas y de control oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

¿Quedará registrado si decidimos no ponernos la vacuna?

Las comunidades deberán comunicar diariamente a Sanidad los datos de los vacunados, así como notificar quiénes han rechazado la inyección del fármaco y porqué (por ejemplo, si se ha rechazado por no querer vacunarse aun o si está contraindicada, o simplemente, no quiere). Esta información se mantendrá hasta, al menos, la finalización de la situación de crisis sanitaria.

El documento establece que serán las consejerías de Sanidad de las comunidades y los centros de vacunación de sanidad los encargados de recoger los datos de todos los puntos que administren la vacuna y de remitir los mismos al Ministerio de Sanidad a través de la plataforma informática establecida.

El responsable del tratamiento de ello será el Ministerio. La finalidad del tratamiento de los datos es el análisis a efectos estadísticos y de georreferenciación y «adicionalmente, la acreditación del acto de vacunación mediante la emisión del correspondiente certificado, previa solicitud expresa e inequívoca del interesado o su representante legal«.

Para ello, indica el documento, los datos de identificación de las personas vacunadas se custodiarán separados del resto, «con medidas de seguridad específicas y adecuadas», conforme al Esquema Nacional de Seguridad.

Cuando comience la vacunación, las comunidades tendrán que informar a los ciudadanos de estas finalidades del tratamiento de los datos y en particular, sobre los términos de la cesión de los mismos al Ministerio. Y Sanidad pondrá los datos, los indicadores y representación geográfica resultantes de este sistema a disposición de las comunidades.

Es un registro anónimo, que seguirá, en principio, las directrices de lo que establece la ley de protección de datos y no se hará público, pero será compartido con la Unión Europea. La finalidad de este registro es conocer los motivos que llevan a la población a no querer vacunarse.

Y si nos vacunamos, ¿se cederán los datos médicos de los vacunados a terceros?

Es una cuestión controvertida, pues, tal y como ha ocurrido en Israel, muchos israelíes han empezado a temer por la seguridad de sus datos médicos confidenciales pues Netanyahu ha incluido en el contrato con Pfizer que cederá los datos sanitarios de los vacunados a cambio de dar preferencia a Israel en el suministro de la vacunación, quedando dichos datos en manos de la farmacéutica. La finalidad de dicha cesión sería “determinar con qué porcentaje de vacunación se alcanza la inmunidad de rebaño”. Las autoridades israelíes han querido disipar la preocupación de la población sobre la cesión de sus historiales médicos y de su privacidad en el hecho de que “solo se facilitará información personal de forma desagregada y sin identificar, a efectos estadísticos, y que, en caso de que se revele accidentalmente la identidad de un paciente, Pfizer debe tratarla de forma confidencial y devolverla al sistema de salud”. También obliga a la farmacéutica a “abstenerse de obtener información sobre los pacientes entre los datos que recibe”.

Se debería ver el contrato firmado entre las farmacéuticas y la UE para ver si las vacunas se han pagado con algo más que dinero, es decir, con información médica de la población que ha recibido la vacuna, y si es así, con qué garantías.

¿Se va a crear un “Pasaporte de vacunación” para viajar por Europa?

Es otro de los dilemas que divide a los países de la UE: los países más dependientes del turismo (como España o Italia) lo defienden, los que no (como Francia o Rumanía), lo consideran discriminatorio, ya que en la mayoría de los estados la vacunación no es obligatoria y además hace relativamente poco que acaba de empezar.

Más allá de las fronteras europeas, la OMS, de momento, se opone a los pasaportes de vacunados contra la Covid-19 para poder viajar, pues aún es pronto para verificar la efectividad de las vacunas para reducir la transmisión del virus. Hay que tener en cuenta, además, que no todos tienen la misma disponibilidad a estas vacunas.

Y, en el ámbito de la empresa, ¿nos podrían despedir si no nos vacunamos?

Es común entre mucha parte de la población desconfiar de las primeras vacunas, pues hay encuestas en las que se determina que se prefiere esperar un tiempo prudencial a que se consoliden los resultados de las vacunas e incluso, no vacunarse.

Y, ¿qué dice la ley al respecto? Por una parte, en España, la vacunación en el ámbito laboral se regula en el art. 8.3 del RD 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos: “cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, estas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes de la vacunación.” El problema radica en que este reglamento se aplica a determinados colectivos del sector biosanitario, como médicos, enfermeros y técnicos de laboratorio, y siempre con carácter voluntario, es decir, en estos casos, la empresa tiene el deber de ofrecer el tratamiento, pero es el empleado quien decide si se somete a él o no. Aunque si no se vacuna y puede haber riesgo para terceras personas, pueden aplicársele medidas disciplinarias, eso sí, siempre proporcionales al daño que podría ocasionar.

A parte de esta normativa, en España prima el derecho del individuo sobre su propio cuerpo frente al colectivo y la protección de la salud de los demás (y  la Ley de Autonomía del Paciente, además, regula el derecho a negarse a un tratamiento médico que no sea deseable), y no hay ninguna otra norma que obligue a la vacunación ni hay ninguna en el horizonte por parte del legislador. En este sentido, si se produjera el despido disciplinario de un trabajador por su negativa a vacunarse, con toda probabilidad, el juez acabaría declarándolo como improcedente, al no existir una base legal para justificar la extinción del contrato.

Entonces, ¿no existe “nada” que nos obligue a vacunarnos?

La situación sería diferente si, desde el Ministerio de Sanidad, se publicase una norma que constriñera a administrar la vacuna a toda la sociedad o a determinados trabajadores, en base a la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública, alegando motivos de urgencia y necesidad. Ante este escenario, los trabajadores no podrían negarse a ser vacunados, primando entonces el interés colectivo sobre el individual.

Por otra parte, nos encontramos con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (STSJ Andalucía 2393/2013, de 22 de julio) donde los jueces confirmaron la vacunación forzosa de unos niños granadinos no vacunados contra el sarampión, afirmada en primera instancia, basándose en la LO de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y en la Constitución que, en su artículo 43.2, reconoce la facultad de las autoridades para inmunizar de forma forzosa a la población en casos excepcionales, en caso de que la gente no lo haga voluntariamente. Dicha sentencia se basaba en que “la convivencia en un Estado social y democrático de Derecho supone, no solo el respeto de los derechos fundamentales a título individual, sino también que su ejercicio no menoscabe el derecho del resto de la sociedad que se rige por unas pautas de conducta que persiguen el interés general”.

Debido al vacío legal existente, se pueden generar muchos conflictos en el seno de las empresas, así como dilemas tanto morales, jurídicos y éticos en la población. Ya tenemos base jurisprudencial para que, de forma muy restringida, con el debido soporte legal y siempre valorando la posible colisión de derechos que pudiera existir, los jueces puedan aplicar el precedente de los niños granadinos. La otra solución sería que el Gobierno regule la obligatoriedad de la vacunación para salvaguardar tanto la salud pública como la actividad económica de las empresas. En un contexto de riesgo general, en esa ponderación de derechos, en determinadas circunstancias pesaría más el derecho a la protección, a la salud, a la integridad y a la vida que al derecho individual.

En palabras del magistrado Joaquim Bosch, en una entrevista en el diario.es decía que “aunque la ley actual ampara posibles medidas de vacunación obligatoria, sería aconsejable una regulación legal específica si se optara por esta solución de vacunación obligatoria contra la COVID para poder imponerla sin que ello genere problemas jurídicos y para evitar todo tipo de dudas, porque la ley es muy amplia y no se dice nada de vacunas”.

A todo ello se añade que el Gobierno se muestra muy seguro afirmando que en el verano casi el 70 % de la población española estará vacunada, sin embargo, con las últimas noticias que están comunicando los medios y la falta de suministros a los que cada vez más las comunidades autónomas se van enfrentando parece que este objetivo no será fácil de cumplir.

Fuente: Legaltoday.com

Con el teletrabajo, se plantean dos problemas.

1.- Si durante la jornada laboral se imprimen documentos donde haya datos privados como formularios, emails, nombres, contratos, etc, estaríamos vulnerando la Ley de Protección de Datos.

2.- ¿Qué sucede con la eliminación de la documentación impresa? ¿Se llevan a cabo los protocolos para ello? Ha de existir en la empresas un protocolo de recopilación, almacenamiento y destrucción de información personal que no se está llevando a cabo por la gran mayoría de empresas europeas.

Y no lo decimos nosotros, si no la empresa Go Shred  que ha realizado un estudio en el que ha encuestado a multitud de teletrabajadores consultándoles temas como qué hace con las impresiones, cómo las destruye, cómo gestiona esos registros privados, etc.

El estudio ha dado luz a este tema y comentan desde la empresa que al menos el 66% de los trabajadores han impreso documentos relacionados con su trabajo durante sus jornada de teletrabajo.